La Comisión Europea ultima un paquete de medidas de emergencia para hacer frente al encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, una vía por la que hasta hace poco transitaba alrededor del 20% del petróleo y gas licuado del comercio mundial. Según un borrador al que ha tenido acceso El País, el coste adicional para los europeos en importaciones de combustibles fósiles desde el inicio del conflicto supera los 22.000 millones de euros, de acuerdo con datos de la Comisión Europea.

Las propuestas más llamativas del documento apuntan directamente a empresas y ciudadanos. Bruselas insta a los Estados miembros a que exijan a sus empresas implantar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana siempre que la actividad lo permita, cerrar edificios públicos cuando no sean estrictamente necesarios y reducir los precios del transporte público o, en determinados casos, ofrecerlo de forma gratuita para ciertos colectivos. Se trata de medidas pensadas para reducir el consumo de combustible de forma rápida y sin grandes inversiones previas.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, prevé presentar el paquete completo a los líderes de los 27 países de la UE la próxima semana. El documento reconoce que, aunque el alza de precios es la consecuencia más visible del conflicto, no existe por ahora una amenaza directa para la seguridad del suministro energético, si bien advierte de que la situación es tensa en algunos combustibles, especialmente el gas natural. Entre finales de febrero y mediados de marzo de 2026, el precio del crudo subió un 51% y el del gas natural un 85%, según el borrador comunitario.

Medidas inmediatas para hogares y consumidores vulnerables

Más allá del teletrabajo y el transporte, la Comisión propone a los gobiernos nacionales una batería de herramientas para proteger a los hogares con menos recursos. Entre ellas figuran la emisión de vales de energía específicos para consumidores vulnerables, la introducción o prórroga de precios regulados temporales para familias con bajos ingresos energéticos y la aplicación de reducciones en los impuestos especiales sobre la electricidad para ese mismo perfil de usuario.

El documento también contempla una prohibición temporal de los cortes de suministro eléctrico para evitar que hogares en dificultades se queden sin luz o calefacción. España, según recoge el propio texto comunitario, ya adoptó una medida similar a través de su decreto anticrisis aprobado en marzo. Además, Bruselas pide que los proveedores de energía ofrezcan asesoramiento activo a sus clientes sobre la tarifa más conveniente, que faciliten el cambio a contratos más baratos y que eliminen las trabas para quienes quieran desplazar su consumo a las horas de menor demanda, cuando la electricidad resulta más económica.

Flexibilización de ayudas de Estado y apoyo al sector agrícola

A medio plazo, la Comisión plantea abrir la mano en materia de ayudas de Estado. El borrador prevé permitir que los países de la UE compensen con fondos públicos al sector agrícola y al de la distribución, cubriendo hasta el 50% del coste adicional del combustible y los fertilizantes hasta finales de año. Esta medida busca aliviar la presión sobre sectores que dependen de forma directa del precio de los hidrocarburos y que tienen escasa capacidad para trasladar el sobrecoste a sus clientes sin perder competitividad.

La Comisión también recuerda que el gas y el petróleo siguen dominando la calefacción, la industria y el transporte en la mayor parte de Europa, lo que deja a hogares y empresas —sobre todo pymes e industrias de alto consumo— muy expuestos a las oscilaciones de los mercados internacionales. A ello se suma el impacto de los daños sufridos por la instalación de Ras Laffan en Qatar, la mayor terminal de gas natural licuado del mundo, afectada por un ataque durante el conflicto, según recoge el documento.

Las renovables vuelven al centro del debate

Tras meses en que la agenda climática había quedado en un segundo plano por las presiones de la industria y sectores políticos que alertaban de sus efectos sobre la competitividad, la Comisión aprovecha la crisis para reivindicar la transición energética como respuesta estructural. El borrador señala que los países que han alcanzado una mayor proporción de energías renovables y nuclear en su mix energético suelen registrar precios de la electricidad por debajo de la media comunitaria.

En esa línea, Bruselas propone que los gobiernos introduzcan incentivos fiscales y apoyo financiero para acelerar la instalación de bombas de calor, paneles fotovoltaicos, baterías recargables y ventanas de alto rendimiento, incluyendo fórmulas de arrendamiento social para que los hogares vulnerables también puedan acceder a estas tecnologías. Asimismo, plantea tarifas sociales y subvenciones para sustituir calderas de gas o gasóleo por sistemas más eficientes. "Las decisiones que se tomen hoy determinarán si la próxima crisis se afrontará con fragilidad o con fortaleza", advierte el texto comunitario, que insiste en que las medidas de alivio a corto plazo no deben desviar el rumbo hacia la descarbonización del sistema energético europeo.