La Comisión Europea ha publicado un informe destacado que marca el inicio de una profunda reforma del sector bancario europeo prevista para principios de 2027. El documento subraya la urgente necesidad de aumentar la competitividad bancaria mediante la eliminación de la fragmentación en el mercado.

Actualmente, las entidades financieras europeas deben cumplir exigentes requerimientos de capital y liquidez tanto a nivel consolidado como en cada filial en diferentes países, lo que limita su capacidad para gestionar y asignar recursos de manera centralizada. Esta carga regulatoria genera duplicidades y bloquea una cantidad significativa de recursos que podrían destinarse a financiar la economía.

La Comisión propone eliminar esta doble obligación, permitiendo que los grupos bancarios trasladen capital y liquidez desde la matriz de forma dinámica y ajustada a las necesidades reales de sus filiales. Según los cálculos oficiales, esta medida podría liberar hasta 230.000 millones de euros en liquidez y 250.000 millones en capital, sumando un total cercano a los 500.000 millones. Estos fondos podrían ser canalizados hacia proyectos estratégicos de la economía europea, especialmente en los ámbitos de la transición ecológica y digital.

Sin embargo, para que los Estados miembros acepten esta nueva fórmula, Bruselas considera imprescindible establecer mecanismos de protección específicos. La Comisión contempla reforzar o crear salvaguardas para evitar que la quiebra de un grupo bancario con presencia transfronteriza afecte de forma desproporcionada a los presupuestos nacionales. En un escenario ideal, esto estaría respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo (EDIS), cuya implantación lleva más de una década sin avanzar debido a la resistencia de varios países.

Este informe también incorpora demandas del sector financiero, en particular de la banca española, para mejorar la función reguladora de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Se plantea asignar a la EBA un segundo mandato centrado en la competitividad, de modo que sus normas sean más proporcionadas, simplificadas y ajustadas al impacto sobre el negocio bancario. Además, se prevé que la EBA junto con la Junta Europea de Riesgo Sistémico realicen informes periódicos para evaluar si los requisitos de capital se adaptan adecuadamente a la realidad económica y financiera.

En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), el informe muestra interés en aplicar una supervisión más proporcional, aunque esta iniciativa requeriría modificar los tratados de la Unión Europea, un proceso complejo que exige unanimidad entre los Estados miembros.

La publicación de este documento es solo el primer paso en el proceso, ya que la Comisión Europea abrirá próximamente una consulta pública para afinar detalles y recabar aportaciones. La propuesta legislativa definitiva se espera que se presente durante el primer trimestre de 2027, marcando un hito significativo en la regulación financiera europea.

En paralelo, el regreso del Fondo de Garantía de Depósitos Europeo al paquete legislativo suscita debate. Tras años de estancamiento, el Ejecutivo comunitario ha decidido incluir la renovación del EDIS para avanzar en la Unión Bancaria. Esta decisión implica que el avance en la competitividad bancaria estará vinculado a la negociación sobre este fondo común, que pretende ofrecer una red de seguridad para los depósitos en toda Europa.

El sector bancario muestra preocupación ante esta inclusión, pues temen que la discusión política en torno al EDIS retrase otras medidas urgentes. No obstante, la Comisión busca un compromiso que respete las sensibilidades nacionales y apuesta por un modelo de EDIS que funcione como un mecanismo de liquidez sin alcanzar una mutualización plena de pérdidas, buscando así un equilibrio viable para todos los países.

Este ambicioso paquete regulatorio apunta a transformar el entorno bancario europeo, facilitando un sistema más integrado y fortalecido, capaz de responder a los retos económicos actuales y futuros.