La Comisión Europea trabaja contra el reloj. El conflicto bélico en Irán está presionando al alza los precios del gas natural y el petróleo, y desde Bruselas temen que lo que hoy es un shock de precios pueda convertirse en una crisis energética de mayor calado si la situación se prolonga. Para evitarlo, el Ejecutivo comunitario ha empezado a diseñar un paquete de medidas de ahorro y contención que presentará formalmente a los países miembros el próximo 22 de abril.

La propuesta se discutirá y, en su caso, se aprobará en la cumbre informal de líderes de los 27 que se celebrará los días 23 y 24 de ese mismo mes en Chipre. El calendario es apretado y la presión, alta. Aunque por el momento el suministro energético en la Unión Europea está garantizado, en Bruselas se impone la lógica de la precaución: si el conflicto se extiende o se producen daños adicionales en infraestructuras críticas de producción, el escenario puede deteriorarse con rapidez.

Las medidas sobre la mesa

Un borrador filtrado a los medios revela las líneas principales del documento en el que trabajan los técnicos comunitarios. La más llamativa es la posibilidad de imponer un día de teletrabajo obligatorio a la semana para todas las empresas en las que sea técnicamente viable. La medida, que puede sonar más a política laboral que energética, tiene una lógica clara: menos desplazamientos implican menos consumo de combustible y menos demanda de energía en los edificios de oficinas.

Junto a esta iniciativa, el borrador incluye el cierre de edificios públicos cuando no estén en uso y el fomento del transporte colectivo mediante la bajada de tarifas o la gratuidad para determinados colectivos. Estas tres propuestas están alineadas con las recomendaciones publicadas hace pocas semanas por la Agencia Internacional de la Energía, organismo que ha insistido en que las medidas de eficiencia más básicas pueden tener un impacto real y rápido sobre el consumo de combustibles fósiles.

El paquete también contempla medidas del lado de la demanda dirigidas a los hogares más vulnerables. Entre ellas, la emisión de vales de energía específicos para familias con bajos ingresos y la posibilidad de que los estados introduzcan o prorroguen precios regulados temporales para los consumidores en situación de vulnerabilidad energética. En cualquier caso, se insiste en que estas ayudas deben tener un carácter temporal, con fecha de caducidad a finales de 2025, para no comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ribera pide contención y eficiencia

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, intervino ayer en un encuentro organizado por el Real Instituto Elcano y ofreció su diagnóstico de la situación. Según Ribera, los datos de la Agencia Internacional de la Energía son contundentes: el conflicto ha destruido capacidad significativa de producción de gas, petróleo, combustible de aviación y productos químicos esenciales para múltiples procesos industriales.

La vicepresidenta subrayó que la respuesta inmediata debe pasar por la contención del consumo. Recordó que durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, las medidas de ahorro más sencillas lograron reducciones apreciables en el consumo de combustibles fósiles, sin necesidad de grandes inversiones ni cambios estructurales. Ese precedente avala el enfoque que ahora plantea Bruselas.

Sobre el conjunto del paquete, Ribera lo definió como una propuesta equilibrada entre dos líneas de acción: las medidas estructurales de largo plazo, que ya estaban en marcha en el marco de la agenda de transición energética, y las medidas extraordinarias de emergencia para los sectores más golpeados por el encarecimiento de la energía. En este segundo bloque se incluye también una posible flexibilización de las normas de ayudas de Estado, lo que permitiría a los gobiernos nacionales apoyar a las industrias más expuestas sin chocar con la regulación comunitaria de competencia.

Un pulso entre la urgencia y la prudencia

Lo que está haciendo la Comisión Europea es, en esencia, preparar un manual de respuesta ante un escenario que todavía no ha llegado a su punto crítico, pero que podría hacerlo. La diferencia respecto a crisis anteriores es que esta vez hay más experiencia acumulada: las medidas de ahorro aplicadas tras la invasión de Ucrania en 2022 demostraron que Europa puede reducir su dependencia energética más rápido de lo que muchos creían posible.

El reto ahora es político tanto como técnico. Convencer a los Veintiséis de adoptar medidas que afectan a empresas y ciudadanos, aunque sean temporales, requiere consenso. La cumbre de Chipre será el primer termómetro real de hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes europeos. El borrador que circula hoy puede parecer ambicioso, pero en Bruselas saben que las propuestas más controvertidas suelen quedar diluidas antes de convertirse en política comunitaria.