El fondo estadounidense Blasket ha dado un paso decisivo para cobrar los laudos arbitrales que condenan a España a pagar 688 millones de euros, derivados de recortes en primas a renovables, al registrar estas sentencias en trece tribunales federales de Estados Unidos. Esta acción estratégica incluye todas las jurisdicciones donde la Selección española de fútbol podría disputar partidos durante el Mundial que comienza esta semana.
La deuda tiene su origen en siete sentencias firmes emitidas por tribunales federales en Estados Unidos que reconocen la obligación de España de abonar esta cantidad a Blasket, que adquirió estos derechos en los últimos años. El registro en múltiples distritos judiciales busca asegurar que la deuda pueda ser reclamada y ejecutada en cualquiera de los estados donde España compita.
Los primeros encuentros oficiales de España en la fase de grupos del Mundial se disputarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia), uno de los sitios incluidos en los registros judiciales. El tercer partido será en Jalisco, México, fuera del alcance de la Justicia estadounidense. No obstante, Blasket ha previsto la posibilidad de que La Roja avance en el torneo y registre la sentencia en otras jurisdicciones estadounidenses que podrían albergar fases eliminatorias, anticipándose a futuros escenarios.
Entre los distritos donde se ha registrado la resolución figuran Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otros. Según fuentes jurídicas, esta maniobra convierte la deuda en exigible en cualquiera de estos estados y abre la puerta a iniciar procedimientos para embargar bienes o ingresos vinculados a España.
La ofensiva legal de Blasket también incluye el análisis y rastreo de relaciones comerciales y financieras que involucran a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Consejo Superior de Deportes y otras entidades públicas con motivo del Mundial. En este marco, proveedores relacionados con la Selección como Adidas y la cadena hotelera Hilton han recibido requerimientos judiciales para detallar los pagos ligados a la participación española, con el fin de identificar activos sujetos a embargo.
Fuentes cercanas al caso explican que en las últimas semanas la RFEF ha intentado distanciarse de la disputa legal, enviando escritos a proveedores para remarcar que es una entidad privada y no forma parte del Estado, en un intento por proteger los recursos ligados al Mundial. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha subrayado que cualquier embargo de bienes españoles requerirá un procedimiento judicial en el que España podrá defenderse.
Este conflicto se enmarca en la larga disputa legal provocada por las políticas de recorte de primas a las energías renovables en España, que afectaron a inversiones extranjeras y desembocaron en las demandas arbitrales internacionales que ahora tensionan al Estado español hasta en espacios como un torneo deportivo global.
Las implicaciones de esta estrategia de Blasket combinan la presión financiera con un intento de impacto mediático, vinculando los pagos pendientes a eventos con gran visibilidad internacional como la Copa Mundial de Fútbol. La evolución de esta cuestión marcará la posibilidad real de cobro efectivo y podría sentar precedentes para futuros conflictos similares en materia de inversiones y arbitraje internacional.