El Banco Central Europeo ha tomado partido en uno de los debates regulatorios más calientes del momento en Europa: quién debe supervisar a las empresas de criptoactivos. En un documento de opinión publicado recientemente, la institución que preside Christine Lagarde se posiciona sin ambigüedad a favor de que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) asuma en exclusiva el control de toda la industria cripto en la Unión Europea, arrebatando esa competencia a los supervisores nacionales.

La propuesta no surge de la nada. La Comisión Europea la puso sobre la mesa en diciembre de 2024, cuando se cumplía el primer aniversario de la entrada en vigor del reglamento MiCA, la norma que regula los mercados de criptoactivos en Europa. Ese primer año dejó en evidencia un problema de fondo: los supervisores de cada país han aplicado las reglas a velocidades muy distintas. Alemania ha concedido más de cincuenta licencias a proveedores cripto, mientras que Italia no ha aprobado ninguna. Otras jurisdicciones se han convertido en puerta de entrada preferida para compañías internacionales que buscan el sello europeo con el menor esfuerzo posible, lo que genera un claro arbitraje regulatorio que el BCE quiere cortar de raíz.

El BCE argumenta que centralizar la supervisión en la ESMA garantizaría coherencia entre países, reduciría la fragmentación normativa y contendría los riesgos que se propagan fácilmente entre fronteras en un mercado tan globalizado como el cripto. Pero la institución va más allá del argumento regulatorio clásico y apunta a un riesgo que le toca más de cerca: la creciente integración entre el sector cripto y el sistema bancario tradicional.

Según el BCE, los proveedores de criptoactivos se han convertido en socios operativos de los bancos: les suministran infraestructura tecnológica, servicios de custodia digital y liquidez. Al mismo tiempo, los bancos están desarrollando sus propios servicios cripto, lo que genera vínculos financieros y operativos cada vez más estrechos con empresas que, en muchos casos, operan en grupos multifuncionales que integran custodia, negociación y liquidación fuera de cualquier supervisión consolidada. Para el BCE, esto crea canales de contagio que pueden trasladar tensiones de liquidez, fallos de gobernanza o interrupciones operativas directamente al corazón del sistema financiero.

Hay además otro vector de riesgo que la institución señala de forma explícita: los proveedores cripto están obligados por MiCA a custodiar los fondos de sus clientes en depósitos bancarios. Eso significa que cualquier shock severo en el mercado cripto podría golpear directamente a los bancos que actúan como custodios de esos depósitos. La conclusión del BCE es que solo un régimen de supervisión centralizado a escala de la UE puede gestionar adecuadamente esos riesgos sistémicos.

Más criterios para definir quién es «significativo»

El BCE no se limita a apoyar la propuesta de la Comisión, sino que propone mejorarla. Uno de los puntos más concretos tiene que ver con cómo se determina qué entidades son lo suficientemente grandes como para quedar bajo supervisión directa de la ESMA. El artículo 85 del reglamento MiCA establece que un proveedor se considera significativo si supera los quince millones de usuarios activos de media anual en la UE. Para el BCE, esa métrica única es insuficiente.

La institución pide que se incorporen otros indicadores: el volumen de operaciones, la actividad transfronteriza, el tamaño del balance y la importancia sistémica de cada plataforma. También propone que los criterios se revisen periódicamente para adaptarse a la evolución del mercado. El argumento es sencillo: fijarse solo en el número de usuarios puede dejar fuera del radar a plataformas de custodia o negociación que mueven grandes volúmenes con pocos clientes institucionales, pero con un riesgo sistémico elevado.

El modelo híbrido y las resistencias políticas

Pese al respaldo del BCE, la propuesta de supervisión única enfrenta resistencia política significativa. En el Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE hay voces críticas, y no todos los estados miembros están dispuestos a ceder ese poder de supervisión. España, por ejemplo, defiende un modelo compartido en el que la ESMA controle a los actores más grandes mientras las autoridades nacionales, como la CNMV, se ocupan de las entidades locales de menor tamaño. Malta, por su parte, considera que es demasiado pronto para dar ese paso, aunque su historial como destino cripto permisivo le resta credibilidad en ese argumento: el año pasado fue objeto de una revisión exprés por parte del supervisor europeo que cuestionó la falta de rigor con que había concedido una licencia a una empresa del sector.

En cuanto a los bancos que ofrecen servicios cripto, el BCE coincide con la Comisión en que deben seguir bajo supervisión nacional mientras esos servicios sean una actividad secundaria, pasando a la órbita de la ESMA solo si representan más del 50% de su volumen de negocio anual. Pero la institución pide que ese umbral se complemente con otros criterios, porque basarse únicamente en los ingresos puede no reflejar bien el riesgo real en modelos de negocio donde el factor determinante es el volumen de transacciones, no la facturación.

La pelota está ahora en el tejado del legislador europeo. El debate sobre cómo supervisar el cripto en Europa acaba de empezar en serio, y el BCE ya ha dejado claro en qué lado del tablero quiere estar.