La Audiencia Nacional ha decidido abrir juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre exdirectivos y mandos policiales, por supuestos encargos ilegales realizados al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. Los cargos incluyen delitos de cohecho, revelación de secretos, creación de un grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

El juez Antonio Piña, encargado de la pieza 9 de la macrocausa Tándem —una investigación centrada en los negocios privados de Villarejo—, ha considerado que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo tanto al banco como a sus principales responsables de entonces. Esta decisión formaliza el proceso que se inició tras años de pesquisas judiciales y pone fin a una etapa de instrucción que ha protagonizado una de las causas penales más complejas contra la corrupción en España.

Entre los acusados figuran, además de Francisco González, el ex consejero delegado Ángel Cano, así como otros directivos clave como Julio Corrochano, exjefe de seguridad; Eduardo Arbizu, exdirector jurídico; Joaquín Gortari, exdirector del gabinete presidencial; y Antonio Béjar, exdirector de riesgos, entre otros. Este grupo está también implicado en los supuestos delitos relacionados con los encargos y contratos con la firma CENYT, vinculada a Villarejo.

El juez ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 1,17 millones de euros para garantizar posibles indemnizaciones, con la advertencia de embargar bienes si esta no se deposita en el plazo previsto. Ahora, los acusados disponen de diez días para presentar sus escritos de defensa y reclamar las pruebas que consideren oportunas antes de la fijación definitiva de las fechas del juicio, que podría demorarse varios meses debido a la complejidad del caso y el número de implicados.

La Fiscalía, por su parte, reclama para Francisco González un total de 173 años de cárcel, mientras que Villarejo afronta una petición de 174 años. Para el BBVA, se solicita una multa que asciende a 181 millones de euros. Esta macrocausa ha sido objeto de confirmación judicial el pasado 20 de febrero, cuando la Sala Tercera ratificó el procesamiento tanto de la entidad financiera como de sus antiguos responsables.

Este caso tiene su origen en la contratación que BBVA hizo en 2002 del excomisario Julio Corrochano, que contó con la aprobación expresa de Francisco González. Dicho vínculo facilitó la conexión con Villarejo y otros agentes policiales que, supuestamente, habrían ejecutado tareas ilegales para el banco. Según el auto, Villarejo habría utilizado de modo fraudulento sus funciones y su red de contactos en la Policía para lucrarse y para realizar investigaciones ilegales por encargo de clientes privados, entre ellos, el BBVA.

La controvertida relación entre la entidad financiera y Villarejo, según apunta la Fiscalía y el juez instructor Manuel García Castellón, incluye encargos para recopilar información ilícita entre competidores y otros objetivos, con costes al margen del control oficial y conforme a métodos cuestionados.

El proceso judicial contra el BBVA y sus exdirectivos se mantiene en uno de los principales centros de investigación de corrupción y delitos económicos en España, y añade presión para la transparencia en los altos ejecutivos y en las prácticas bancarias.

La defensa principal de Francisco González corre a cargo de Jesús Santos, socio director del área penal del despacho internacional Baker McKenzie, mientras que el banco está representado por el bufete Garrigues. Desde la entidad se mantiene la postura de que no existe responsabilidad penal derivada de estas actuaciones, aunque el proceso recién inicia su fase oral y está pendiente de fijar fechas para la vista.

El caso sigue siendo un referente en la lucha contra la corrupción empresarial y policial, con amplias implicaciones para el sector financiero español y el control del poder corporativo.

Para más detalles y actualizaciones se puede consultar la información oficial de la Audiencia Nacional y las resoluciones judiciales publicadas.

Este juicio marcará un antes y un después en los procesos contra corrupción en empresas y la relación con agentes públicos, enfatizando la necesidad de procedimientos legales claros y responsables.

Para un análisis más profundo sobre la macrocausa Tándem y sus implicaciones, recomendamos revisar los informes del Ministerio del Interior y documentos sobre la colaboración de Villarejo en sectores privados.