La reciente decisión del Tribunal Supremo que elimina el registro único estatal de alquileres turísticos de corta duración ha desencadenado un nuevo conflicto jurídico con repercusiones económicas significativas. Esta anulación, basada en que el sistema invadía competencias autonómicas, abre la puerta a que cientos de miles de propietarios reclamen indemnizaciones al Estado, que podrían alcanzar los 166 millones de euros.

Según la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), el coste medio por propietario afectado por el registro y sus trámites supera los 33.000 euros. Esta cifra incluye tanto las pérdidas derivadas de la cancelación de reservas como los gastos de gestión asociados a la obtención y mantenimiento del número de referencia obligatorio para operar en plataformas como Airbnb o Booking.

El impacto del registro fue especialmente significativo para aquellos propietarios que cumplían estrictamente la regulación autonómica, pues este sistema implantado a nivel estatal trasladó competencias que excedían las funciones administrativas habituales a los registradores de la propiedad, obligándoles a ejercer controles sobre aspectos urbanísticos y condicionando la validez de las licencias. Esto provocó que, según datos de Fevitur, cerca de 64.000 pisos turísticos fueran excluidos del registro estatal, pese a estar inscritos y autorizados en sus comunidades autónomas.

El recurso contra el Estado se plantea tanto por las tasas abonadas a los registradores, estimadas en unos 20 millones de euros, como por las pérdidas económicas sufridas por propietarios que se vieron obligados a retirar sus viviendas del mercado turístico o que sufrieron bloqueos en sus operaciones. Se calcula que más de 300.000 propietarios pagaron estas tasas y unos 50.000 optaron por sacar sus viviendas del alquiler vacacional desde que entró en vigor el registro.

Los registradores defienden que actuaron conforme al mandato legal que recibieron y no son responsables del fallo, por lo que el Estado sería el encargado de asumir las posibles indemnizaciones si el Tribunal Supremo confirma la responsabilidad patrimonial. Los afectados disponen de un año desde la sentencia, hasta el 21 de mayo de 2026, para presentar reclamaciones administrativas y, en caso de rechazo, podrán acudir a la vía judicial para exigir compensaciones.

Este caso se enmarca en un contexto complejo donde la regulación del alquiler turístico genera polémicas recurrentes sobre competencias y control entre administraciones. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha mostrado resistencia a resarcir de forma directa a los propietarios perjudicados, enfocando sus esfuerzos en cerrar pisos turísticos no autorizados y fomentar alquileres asequibles mediante planes públicos.

La sentencia del Supremo pone de manifiesto la necesidad de respetar las competencias autonómicas en materia turística y urbanística, y abre un precedente que podría obligar al Estado a revisar otros mecanismos regulatorios similares. De cara al futuro, será clave el desarrollo de marcos normativos claros y coordinados que eviten perjuicios económicos a particulares y conflictos administrativos entre administraciones.

Esta situación representa un duro golpe para propietarios y gestores de pisos turísticos, que han visto una fuente de ingresos limitada o bloqueada por un registro estatal declarado ilegal. Además, plantea un reto para el Gobierno en la gestión de las responsabilidades económicas y en la búsqueda de una regulación equilibrada que garantice la legalidad y la estabilidad del mercado del alquiler vacacional en España.

Para más información sobre la regulación y las repercusiones jurídicas, puede consultarse el análisis publicado en Expansión y la nota de Fevitur sobre este asunto.