La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en calidad de investigada en el marco del 'caso Leire Díez'. En su declaración, González se presentó como víctima de la presunta trama dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y negó haber impartido órdenes a la Unidad Central Operativa (UCO) respecto a investigaciones judiciales relacionadas con el Gobierno.
Este procedimiento judicial investiga una supuesta red para desactivar causas penales que pudieran afectar al PSOE o al Ejecutivo, donde la exmilitante socialista Leire Díez es señalada como coordinadora. La UCO había reportado que González mantuvo hasta tres reuniones con Díez, datos que la directora de la Guardia Civil ha cuestionado, afirmando que solo tuvo dos encuentros y que nada de esas reuniones implicó instrucciones para interferir en investigaciones.
Mercedes González ha remarcado que no mantiene buena relación con Santos Cerdán y que de haber conocido que Díez actuaba en representación de Cerdán, no se habría encontrado con ella. En uno de sus intercambios, Díez le comentó sobre un mando del cuerpo, el comandante Rubén Villalba, vinculado al llamado 'caso Koldo', pero González detuvo la conversación y rechazó cualquier acción para influir en investigaciones.
Su declaración se produjo tras posponer el juez el interrogatorio del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, quien reconoció el interés del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un expediente abierto motivado por publicaciones periodísticas sobre una cuenta de correo vinculada a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. González confirmó que cuando Marlaska intentó comunicarse con ella estaba en un tren y sin cobertura, por lo que se contactó con Llamas.
Además, la directora explicó que fue instada por Llamas para abrir una información reservada tras ciertas filtraciones en prensa relacionadas con el DAO y negó tener iniciativa para abrir esta investigación.
El juez atribuye a González y a Llamas presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, mientras que la Fiscalía Anticorrupción y el PP han pedido su imputación.
La UCO mantiene que Díez intentó aprovechar su relación con González para impulsar investigaciones internas contra esta unidad y señala que existieron varios encuentros presenciales entre ambas. Esta unidad policial asegura que Díez presionó para que González desatara acciones administrativas contra la UCO.
En mayo, tras conocer el informe, González afirmó en el Senado no haber interferido nunca en la UCO ni en ninguna investigación, ni haber presionado agentes ni participado en redes para paralizar causas judiciales. Reconoció encuentros con Díez y el intercambio de algunos mensajes durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora en Correos.
La directora señaló que en la última reunión Díez planteó que se devolviera al comandante Villalba a su destino, solicitud que rechazó firmemente. Mantiene, por tanto, su versión de no haber participado en ningún plan para manipular procesos judiciales dentro de la Guardia Civil.
Este caso sigue siendo un episodio complejo en el que se investigan presuntas interferencias políticas en instituciones policiales, con implicaciones directas en la confianza de las fuerzas de seguridad y la justicia en España. La Audiencia Nacional continúa las diligencias para esclarecer el alcance real de estas actuaciones y sus responsables.
Para más detalles sobre el proceso judicial puede consultarse la información ofrecida por Europa Press y la cobertura de la Audiencia Nacional.