Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) desde hace un año, expone las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas, especialmente en regiones como Asturias. En una entrevista concedida tras participar en la junta directiva de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) en Oviedo, de Miguel subrayó que un pequeño comercio asturiano debe cumplir alrededor de 3.000 normativas, una cifra que no es fortuita sino que refleja la complejidad del entorno regulatorio actual.

De Miguel advierte que esta situación contribuye a una España que se divide en dos velocidades: aquellas áreas donde predominan las grandes compañías con mayores facilidades para operar y territorios donde las pymes y micropymes luchan por sobrevivir bajo el peso de regulaciones, costes elevados y una presión fiscal considerable. Esta división preocupa especialmente en comunidades autónomas con un tejido empresarial dominado por negocios pequeños y medianos, como es el caso de Asturias.

La presidenta de Cepyme critica el exceso regulatorio como un factor que no solo genera obstáculos administrativos y económicos para el crecimiento empresarial, sino que también limita la consolidación y creación de empleo. En su opinión, el marco normativo debería simplificarse para facilitar la actividad de estos negocios que son esenciales para la economía local y nacional.

La reunión en Oviedo con la junta directiva de Fade permitió a De Miguel profundizar en la realidad que viven las empresas asturianas. La Federación ha venido denunciando desde hace tiempo la falta de medidas que alivien a las pymes de esta carga burocrática y fiscal. A nivel nacional, Cepyme viene reclamando reformas para equilibrar condiciones entre grandes empresas y pequeñas, buscando una mayor competitividad que beneficie al conjunto del tejido productivo.

El debate sobre la regulación empresarial cobra actualidad en un momento en que España enfrenta retos económicos derivados de la inflación, costes energéticos y tensiones internacionales que afectan al mercado interno. Según datos oficiales, las pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial español y generan una gran parte del empleo, lo que refuerza la relevancia de abordar los obstáculos que las condicionan.

Ángela de Miguel recuerda que simplificar las normativas no significa renunciar a la protección ni al cumplimiento legal, sino crear un entorno que permita a las pymes ser más ágiles y competitivas. En su opinión, la colaboración entre administraciones, agentes sociales y empresariales es clave para lograr un marco normativo efectivo y sostenible.

Este enfoque busca proteger la diversidad empresarial en territorios como Asturias, donde el peso de las pymes es fundamental. La presidenta de Cepyme plantea que el equilibrio en la regulación podría favorecer el desarrollo económico regional y evitar que estas empresas se vean abocadas a cerrar o emigrar a otras zonas con condiciones más benignas.

En definitiva, el mensaje de Ángela de Miguel es claro: la supervivencia y prosperidad del pequeño comercio asturiano, y de las pymes en general, dependen en buena medida de una reducción sustancial de las cargas administrativas que actualmente limitan su potencial. La reforma del marco regulatorio aparece como una prioridad urgente para no fracturar el mercado laboral y empresarial del país.

Para seguir de cerca las propuestas de Cepyme y el impacto de la regulación en las pymes, se pueden consultar informes y actualizaciones en la web oficial de Cepyme y en la página de Fade, que trabajan activamente por mejorar las condiciones del emprendimiento en Asturias y España.