Viktor Orbán lleva dieciséis años en el Gobierno de Hungría y, durante ese tiempo, ha ido moldeando el sistema electoral del país a medida de su partido, Fidesz. El resultado no es una dictadura al uso, sino algo más sofisticado: una arquitectura institucional que, sobre el papel, cumple con los requisitos formales de la democracia, pero que en la práctica convierte cualquier ventaja electoral moderada en una mayoría parlamentaria arrolladora. Es lo que los politólogos llaman una autocracia electoral.
Este diagnóstico lo sostiene el Instituto Varieties of Democracy (V-Dem), con sede en Suecia y considerado uno de los centros de referencia mundial en el análisis de calidad democrática. Según su análisis, las elecciones húngaras son formalmente competitivas y multipartidistas, pero las condiciones estructurales favorecen al partido gobernante antes incluso de que se emita el primer voto. No es que Orbán haga trampas el día de las elecciones; es que las reglas del juego ya están escritas para que le resulten favorables.
Cómo se construye una ventaja estructural
El sistema electoral húngaro combina distritos uninominales con una lista nacional proporcional, pero su funcionamiento real dista mucho de ser neutral. Las sucesivas reformas impulsadas por Fidesz desde 2010 han reconfigurado los límites de los distritos electorales —un proceso conocido como gerrymandering— de forma que los bastiones urbanos de la oposición quedan fragmentados o diluidos, mientras que las zonas rurales, donde Fidesz es más fuerte, mantienen un peso desproporcionado en el reparto de escaños.
A esto se suma un umbral de entrada al Parlamento del cinco por ciento para los partidos individuales, que sube hasta el diez o el quince por ciento para las coaliciones, según su tamaño. Esta norma dificulta que la oposición se presente unida sin perder representación, y favorece que sus votos se dispersen entre formaciones que no logran superar el corte. El efecto final es que Fidesz puede obtener, con un porcentaje de votos que en muchos países europeos no garantizaría ni la mayoría simple, una mayoría parlamentaria de dos tercios suficiente para reformar la Constitución.
Más allá del día de las elecciones
La ventaja estructural no se limita a las circunscripciones o a los umbrales. V-Dem y otras organizaciones como Freedom House documentan desde hace años cómo el ecosistema mediático húngaro ha sido progresivamente colonizado por propietarios afines al Gobierno. La radiotelevisión pública actúa como altavoz del partido en el poder, y la mayoría de los medios privados de alcance nacional han pasado a manos de empresarios del entorno de Orbán, especialmente tras la creación en 2018 del conglomerado KESMA, que agrupó a más de medio centenar de cabeceras.
En paralelo, el acceso a la financiación pública para hacer campaña es marcadamente asimétrico. Fidesz, como partido en el Gobierno, tiene acceso a recursos del Estado —publicidad institucional, actos gubernamentales que funcionan como campaña encubierta— que ningún partido opositor puede igualar. La línea entre el partido y el Estado lleva años siendo deliberadamente borrosa.
El contexto europeo y la presión de Bruselas
Hungría lleva años en el punto de mira de las instituciones europeas por estas prácticas. El Parlamento Europeo aprobó en 2022 una resolución que declaraba a Hungría una "autocracia electoral" y una amenaza para los valores fundacionales de la Unión Europea. La Comisión Europea, por su parte, ha bloqueado o condicionado durante meses miles de millones de euros en fondos de cohesión por las dudas sobre el Estado de derecho en el país, aunque los desbloqueos parciales han generado críticas sobre la efectividad real de esa presión.
El contexto regional añade otra capa de complejidad. La guerra en Ucrania ha convertido a Orbán en una voz disonante dentro de la UE y la OTAN: su negativa a suministrar armas a Kiev y su insistencia en mantener relaciones con Moscú lo han enfrentado con la mayoría de sus socios europeos, pero también le han proporcionado un discurso soberanista con el que movilizar a su base electoral doméstica.
El modelo húngaro, en cualquier caso, no es un fenómeno aislado. Politólogos como Steven Levitsky y Lucan Way, autores del influyente análisis sobre el autoritarismo competitivo, llevan años advirtiendo de que el debilitamiento democrático en países con tradición electoral no suele llegar mediante golpes de Estado, sino a través de reformas legales aparentemente legítimas que acumulan ventajas para quien ya está en el poder. Hungría se ha convertido en el ejemplo más citado dentro del ámbito europeo de cómo ese proceso puede desarrollarse sin que ningún semáforo institucional se ponga en rojo a tiempo.