En 1986, coincidiendo con el nacimiento del diario EXPANSIÓN, se elaboraba el informe Brundtland, que redefinió el crecimiento económico para incluir la sostenibilidad y las necesidades de futuras generaciones. Desde entonces, el cambio climático ha escalado como un desafío global junto a la paz y el desarrollo.

En estos años hemos visto avances en energías limpias, caídas del precio del petróleo y eventos que han marcado el impacto y la urgencia del reto ambiental y energético. La dependencia de combustibles fósiles se ha convertido no solo en un problema medioambiental, sino en una vulnerabilidad estratégica para Europa y el mundo, especialmente visible tras las guerras en Ucrania y Oriente Próximo.

Para España, esta realidad ha reforzado el compromiso con la transición energética. El país ha logrado reducir su exposición a crisis externas y ha impulsado su industria verde, posicionándose como un referente para la inversión global. Actualmente, España experimenta el crecimiento económico más dinámico de la OCDE, con una tasa de empleo histórica y un entorno estable que fomenta capitales internacionales.

La respuesta ante la crisis energética derivada de conflictos internacionales ha sido la puesta en marcha de un ambicioso plan con más de 13.500 millones de euros para potenciar nuevas áreas de energías renovables, el almacenamiento de energía y la electrificación de diferentes sectores. Este esfuerzo estructural busca consolidar un modelo energético sostenible y justo.

España propone además un enfoque europeo más ambicioso bajo la iniciativa EmpowerEU, que pretende acelerar la electrificación, mejorar la eficiencia industrial y conseguir una autonomía estratégica verde. En este marco, la UE debe apostar por financiamiento elevado que impulse la independencia energética y no repita errores del pasado.

El país se enfrenta a evidentes cambios climáticos: la temperatura media ha subido 1,69 ºC desde 1961 y los veranos se alargan en torno a 55 días. Eventos recientes como lluvias torrenciales e inundaciones en 2026 confirman que el clima está cambiando y la adaptación es urgente. Por ello, se propone un Pacto de Estado para sumar esfuerzos políticos, institucionales y sociales con perspectiva a largo plazo.

Invertir en la transición climática es rentable: la Unión Europea estima que lograr la neutralidad en 2050 permitirá a España mejorar su situación fiscal neta en más de un 1% del PIB, mientras que el gasto necesario se sitúa alrededor del 0,1% del PIB, compensando con creces pérdidas futuras evitadas. Esta acción no solo garantiza un futuro para las próximas generaciones sino que impulsa la economía y el bienestar.

En definitiva, España aspira a ser un país que lidera la innovación y reduce emisiones, transformando la emergencia climática en una oportunidad para fortalecer su desarrollo industrial y su soberanía. Ofrece además un compromiso con la cooperación internacional y la paz, al tiempo que protege a sus ciudadanos.

Un periodismo independiente y riguroso, basado en datos y verdad, seguirá siendo clave para que esta visión sea comprendida y asumida por la sociedad. Así, España avanza con paso firme hacia un futuro más seguro, justo y próspero frente al desafío climático.