Estados Unidos exige a Irán que paralice su programa de enriquecimiento de uranio durante veinte años como condición central de un posible acuerdo nuclear, según han informado The Wall Street Journal y The New York Times. A cambio, Washington estaría dispuesto a ofrecer un alivio sustancial de las sanciones económicas que pesan sobre Teherán desde hace años. La brecha entre las dos partes, sin embargo, sigue siendo enorme.

Irán ha respondido con una contraoferta muy diferente: está dispuesto a suspender sus actividades nucleares durante cinco años, un plazo que dista mucho de los veinte que reclama la administración Trump. La diferencia no es solo numérica. Detrás de cada postura hay una lógica política distinta: Washington quiere garantías estructurales y duraderas; Teherán busca mantener márgenes de maniobra a medio plazo.

Las negociaciones más recientes tuvieron lugar el pasado sábado en Pakistán, en una reunión que terminó sin acuerdos ni resultados concretos. No obstante, conforme pasan los días van trascendiendo detalles de lo que se habló en esa cita. Los contactos se producen en un contexto de alta tensión regional, marcado por el conflicto en Gaza y las amenazas cruzadas entre Irán e Israel durante los últimos meses.

El programa nuclear iraní ha sido uno de los focos de tensión internacional más persistentes del siglo XXI. Irán lleva años enriqueciendo uranio a niveles que preocupan a Occidente e Israel, y que algunos analistas sitúan cerca del umbral necesario para desarrollar armamento nuclear, algo que Teherán niega de forma sistemática. El país persa defiende que su programa tiene fines exclusivamente civiles y energéticos.

El antecedente más relevante en este ámbito es el acuerdo conocido como JCPOA, firmado en 2015 entre Irán y las grandes potencias —EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia— bajo la presidencia de Barack Obama. Ese pacto limitaba las capacidades nucleares iraníes a cambio del levantamiento de sanciones. En 2018, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo de forma unilateral y reimplantó las sanciones, lo que llevó a Irán a retomar gradualmente sus actividades de enriquecimiento.

Ahora, en su segundo mandato, Trump vuelve a intentar llegar a un entendimiento con Teherán, pero bajo condiciones significativamente más exigentes que las del JCPOA original. Los veinte años de suspensión que pide Washington superan con creces el horizonte temporal de aquel acuerdo, lo que refleja hasta qué punto la desconfianza mutua ha crecido desde 2018.

La elección de Pakistán como sede de las negociaciones también tiene su lectura geopolítica. Islamabad mantiene relaciones diplomáticas con Teherán y ha actuado históricamente como interlocutor en momentos de tensión en la región. Su papel de anfitrión sugiere que hay canales abiertos, aunque los resultados por ahora sean escasos.

El contexto regional añade presión a las conversaciones. Israel, que considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial, sigue de cerca cualquier movimiento diplomático. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha advertido en repetidas ocasiones de que no tolerará que Irán alcance capacidad nuclear y no ha descartado opciones militares si las negociaciones fracasan. Esa presión sobre Washington complica el margen de maniobra de la administración Trump a la hora de aceptar concesiones.

Por ahora, lo único claro es que las posiciones de partida siguen muy alejadas. Veinte años frente a cinco es una distancia que no se cubre en una sola ronda de conversaciones. Las próximas semanas serán clave para saber si las partes son capaces de acercar posturas o si, por el contrario, las negociaciones se estancan antes de haber arrancado de verdad.