Este jueves, en la Junta General del Principado de Asturias, el profesor universitario Juan Cofiño ofreció una conferencia sobre la delicada relación entre la educación pública y el adoctrinamiento. En su intervención, afirmó que la frontera entre educar y adoctrinar es muy estrecha y que la educación debe ser un servicio público que fomente el pensamiento crítico y la democracia.
La charla, enmarcada dentro de un ciclo que busca debatir sobre la educación en clave democrática, contó con la presencia de otras figuras relevantes como Elisenda Malaret García, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, y Pablo Lucas Murillo de La Cueva, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado del Tribunal Supremo. Estos expertos analizaron cómo el marco legal y constitucional debe garantizar una educación plural y libre de manipulaciones políticas.
Juan Cofiño, que combina su trabajo académico con la docencia en la Universidad de Oviedo, destacó que el objetivo fundamental de la educación pública es formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, respetar la diversidad y participar activamente en la sociedad. Sin embargo, alertó del peligro de que ciertos intereses políticos o ideológicos puedan convertir las aulas en espacios de adoctrinamiento, lo que socavaría la función esencial de la educación como pilar de la democracia.
Este debate cobra especial relevancia en un contexto en el que la educación, tanto en España como globalmente, enfrenta desafíos como la creciente polarización social, el avance de las tecnologías digitales y la influencia de discursos extremistas. Según datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en Asturias, las tasas de escolarización mantienen un nivel estable, pero crece la preocupación entre docentes y familias sobre contenidos y enfoques que puedan condicionar la formación integral de los jóvenes.
Además, la Constitución Española establece en su artículo 27 que la educación debe respetar los principios de libertad ideológica y religiosa, y que los poderes públicos garantizarán el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones. Este marco legal refuerza la idea de que la educación pública debe ser neutral y abierta, facilitando el desarrollo personal y social sin imposiciones dogmáticas.
En la actualidad, diversas comunidades autónomas están actualizando sus currículos educativos para adaptarlos a las demandas sociales y a las normativas europeas que promueven la inclusión, la igualdad y la educación en valores democráticos. Sin embargo, estas reformas suelen generar debates y tensiones en la opinión pública, donde se discute qué contenidos son adecuados y cómo deben enseñarse temas complejos como la historia, la diversidad cultural o la educación sexual.
Para Juan Cofiño, la solución está en fortalecer la formación del profesorado, fomentando su independencia y compromiso ético, así como en promover un diálogo abierto entre familias, expertos y autoridades educativas. "No es suficiente con declarar que la educación debe ser un bien público; hay que cuidar que ese bien se preserve sin sectarismos ni manipulaciones", indicó.
La Universidad de Oviedo, entre otras instituciones, sigue impulsando actividades y debates que abordan estas problemáticas, intentando aportar conocimiento riguroso a la sociedad asturiana y al conjunto del país. Este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la conciencia sobre la responsabilidad que implica educar en democracia y sobre la importancia de proteger la libertad educativa.
En definitiva, la conferencia de Juan Cofiño en la Junta General asturiana ha vuelto a poner en el centro del debate público la urgente necesidad de garantizar que las aulas sean espacios de aprendizaje crítico y libre, alejados de cualquier intento de adoctrinamiento que pueda perjudicar la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la democracia.
Para más información sobre el marco legal de la educación y el debate sobre adoctrinamiento, puede consultarse el texto constitucional en el Boletín Oficial del Estado o los informes del Ministerio de Educación y FP.