El Congreso de los Diputados rechazó este martes la proposición de ley presentada por Junts per Catalunya para prohibir el uso de velos integrales —como el burka o el niqab— en los espacios públicos de España. La iniciativa no logró el respaldo necesario para seguir adelante y fue tumbada en el pleno, con un resultado que pilló por sorpresa a propios y extraños: el PP y Vox, que hace apenas dos meses votaron a favor de una propuesta casi idéntica impulsada por el propio partido de Santiago Abascal, esta vez se posicionaron en contra.
La votación dejó a Junts completamente aislado en el hemiciclo. Ni la derecha ni la izquierda le tendió la mano. El PSOE, Sumar, ERC y Bildu también rechazaron el texto, cerrando así todas las puertas a una medida que el partido liderado por Carles Puigdemont había promovido como una cuestión de laicidad y convivencia. En la práctica, la propuesta no encontró un solo bloque dispuesto a defenderla junto a sus promotores.
Por qué PP y Vox cambiaron el sentido de su voto
La clave del giro de PP y Vox no estaba tanto en la prohibición del velo integral en sí misma —que ambos partidos han defendido en distintos momentos— sino en lo que Junts añadió al texto: la cesión a Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad pública e identificación de personas. Es decir, la proposición de ley no se limitaba a establecer una prohibición de ámbito nacional, sino que incluía una transferencia de poder al Govern catalán en ámbitos que son responsabilidad del Estado.
Ese punto fue suficiente para que el PP considerara inasumible apoyar la iniciativa. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha mantenido una posición firme contra cualquier medida que, a su juicio, suponga una quiebra de la igualdad territorial o un refuerzo de las aspiraciones soberanistas catalanas. Vox, que impulsó su propia proposición con un texto más sencillo hace dos meses, tampoco estuvo dispuesto a avalar un mecanismo que cede competencias al ejecutivo autonómico catalán.
La ironía del resultado es evidente: la misma derecha que votó a favor de prohibir el burka cuando lo pedía Vox, lo rechazó cuando esa misma prohibición venía acompañada de una demanda de autogobierno catalán. El debate, en la práctica, dejó de ser sobre el velo y pasó a ser sobre el modelo territorial.
Una medida con precedentes europeos
La prohibición del velo integral en espacios públicos no es una novedad en el debate político europeo. Francia fue el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley de este tipo en 2011, seguida de Bélgica ese mismo año. En ambos casos, la medida superó los filtros de sus respectivos tribunales constitucionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avaló la legislación francesa en 2014 al considerar que no vulneraba los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo.
En España, sin embargo, este debate nunca ha logrado la mayoría suficiente para prosperar en el Congreso. La fragmentación parlamentaria actual hace especialmente difícil sacar adelante iniciativas que no cuenten con el respaldo del PSOE o de alguno de sus socios de investidura, dado el peso aritmético del bloque progresista. Pero tampoco la derecha ha logrado articular una posición unitaria cuando la propuesta incluye, como en este caso, implicaciones en el reparto territorial del poder.
Hace dos meses, la proposición de Vox sobre el mismo asunto también fue rechazada, aunque en aquella ocasión el PP y el propio Junts la apoyaron. Ahora los papeles se han invertido y el resultado ha sido idéntico: ninguna de las dos iniciativas ha conseguido salir adelante.
El debate de fondo sigue abierto
Más allá del resultado parlamentario, el rechazo de este martes pone sobre la mesa una pregunta que el sistema político español lleva años esquivando: ¿existe en España una mayoría para regular el uso de prendas religiosas de ocultación facial en el espacio público? La respuesta, por ahora, es que no. Y no tanto porque los partidos se opongan de forma unánime a la idea, sino porque cada vez que se plantea, el texto viene cargado de condiciones —competenciales, ideológicas o estratégicas— que la hacen indigerible para alguno de los bloques necesarios.
Junts, en este caso, optó por vincular una medida de alcance social a una reivindicación de autogobierno. El resultado fue que los partidos que podrían haber compartido el fondo del argumento rechazaron la forma. Y los que habrían aceptado la forma rechazaron el fondo. Una ecuación sin solución posible en la actual aritmética parlamentaria, según reflejan los registros de votaciones del Congreso.