En 2023, el entonces presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un ambicioso plan para construir cerca de 200.000 viviendas de alquiler asequible en toda España. Esta iniciativa fue presentada como una respuesta urgente a la creciente dificultad de acceder a una vivienda digna, especialmente en régimen de alquiler, que afecta a numerosas ciudades de todo el país.

Posteriormente, a principios de mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para que el Ministerio de Transportes adquiriera terrenos del Ministerio de Defensa con el objetivo específico de desarrollar viviendas públicas en 36 municipios españoles. En Asturias, esta propuesta incluía la construcción de mil viviendas en los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, situada en Oviedo.

Sin embargo, a la fecha actual estas viviendas públicas prometidas no han comenzado a construirse, lo que agrava la crisis residencial en la capital asturiana. El problema del acceso a la vivienda, especialmente en régimen de alquiler, alcanza niveles sin precedentes, con los precios batiendo récords históricos mes tras mes y una tendencia alcista imparable.

Un reciente informe elaborado por la consultora Pragma señala que Oviedo necesita alrededor de 7.000 viviendas asequibles para aliviar la presión sobre el mercado residencial. Este estudio, encargado por el PSOE local, subraya la urgente necesidad de intervención para evitar que la situación se deteriore aún más en la ciudad.

Ante esta situación, el PSOE local instó al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a tomar medidas desde el ámbito municipal para atajar la crisis. También demandaron a Izquierda Unida (IU), que gestiona la Consejería de Vivienda del Gobierno del Principado, a declarar varias zonas de la ciudad como "tensionadas", una figura que permitiría activar mecanismos para limitar y controlar los precios del alquiler.

La respuesta de Canteli no se hizo esperar. En declaraciones durante la mañana del viernes, el alcalde sostuvo que la responsabilidad es principalmente del Gobierno central y señaló: "Que reclamen a los suyos, tanto IU como el PSOE, que gobiernan en coalición". Con estas palabras, insiste en que son los partidos que lideran el Ejecutivo regional y nacional quienes deben actuar para materializar las medidas necesarias y cumplir sus compromisos.

Este cruce de reproches se produce en un contexto de presión creciente sobre los poderes públicos para abordar la crisis de la vivienda. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el precio medio del alquiler en Oviedo ha aumentado un 12% durante el último año, superando la media nacional y dificultando aún más el acceso a viviendas para los jóvenes y familias con ingresos medios y bajos.

Además, la falta de parque público de vivienda en la ciudad es una constante desde hace años. Pese a que Asturias cuenta con normativas y planes para fomentar la construcción de viviendas asequibles, la ejecución real de estos proyectos sigue siendo limitada. La antigua fábrica de armas de La Vega representa un activo fundamental para intentar revertir esta situación, pero la ausencia de avances concretos ha generado desconcierto y descontento entre la población.

En otras comunidades autónomas se ha visto un ritmo diferente en la materialización de proyectos similares. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se han puesto en marcha iniciativas que han permitido destinar más de 2.000 viviendas a alquiler social en los últimos dos años, gracias a la colaboración entre instituciones y el impulso de planes autonómicos y estatales.

Expertos en políticas públicas de vivienda coinciden en que la coordinación entre administraciones es esencial para abordar esta crisis. La fragmentación competencial entre Gobierno central, autonomías y ayuntamientos muchas veces diluye las responsabilidades y retrasa proyectos clave para reducir el déficit de vivienda asequible.

Mientras tanto, familias y jóvenes en Oviedo continúan enfrentándose a un mercado inmobiliario marcado por la escasez y el alza constante de las rentas. La presión sobre el acceso a la vivienda se acompaña además de otros indicadores sociales preocupantes, como el aumento de desahucios por impago o la proliferación de comparticiones forzadas en alquileres caros y limitados.

La reivindicación del PSOE local y la petición para que se declare Oviedo como zona tensionada apuntan precisamente a revertir esta tendencia. Esta figura, reconocida por el Gobierno central, permite implementar límites en los precios del alquiler, incrementos máximos obligatorios y otras medidas para proteger a los inquilinos en mercados muy saturados.

Con todo, hasta ahora ninguna de estas medidas ha tenido aplicación práctica en Oviedo, lo que aumenta la presión sobre el consistorio en funciones y sobre el Gobierno del Principado. Alfredo Canteli ha enfatizado que continuará reclamando al Ejecutivo central el cumplimiento de sus compromisos y que es fundamental el apoyo autónomo para activar las soluciones necesarias.

El acceso a una vivienda digna sigue siendo uno de los principales desafíos de Oviedo y, en general, de muchas ciudades españolas. La falta de vivienda pública y asequible amenaza con incrementar la desigualdad y dificultar el arraigo de la población joven y trabajadora en la región. La coordinación entre administraciones y el compromiso efectivo en la ejecución de las promesas serán claves para transformar esta realidad en los próximos años.

Más información sobre la crisis de vivienda en Oviedo y las políticas públicas en el portal oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para consultar el informe de Pragma sobre necesidades residenciales en Oviedo, puede acceder al informe completo aquí.

La declaración de zonas tensionadas y sus efectos legales se detallan en la normativa disponible en la web del Ministerio.