A poco más de un año para las elecciones autonómicas de Asturias, el presidente Adrián Barbón ha puesto sobre la mesa la difícil situación que rodea al peaje del Huerna, uno de los temas que más debate genera en la comunidad.

En la anterior cita electoral de 2023, la Federación Socialista Asturiana (FSA) consiguió un 36,5% de los votos, superando al Partido Popular por casi cuatro puntos. Este apoyo permitió a Barbón renovar su mandato, aunque en una comunidad donde la mejora de infraestructuras es una demanda recurrente, el balance es desigual.

El transporte público ha mejorado notablemente en distintas modalidades como tren, autobús y avión, con inversión en el plan de cercanías aumentando anualmente. Sin embargo, los grandes proyectos de conexión y movilidad—A-63, accesos a El Musel, estación intermodal en la ZALIA, integración ferroviaria en Gijón y Avilés, la autopista del mar, o la modernización de la línea Lena-Gijón—siguen sin fechas claras para su ejecución.

El caso del peaje del Huerna es particularmente emblemático. Barbón ha declarado que "si no logramos una solución al Huerna por la vía política, la tendremos por la judicial", haciendo referencia a la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver el conflicto. Esta amenaza judicial muestra la frustración ante el estancamiento político que impide eliminar este peaje que afecta a la circulación y economía regional.

El peaje del Huerna ha sido cuestionado durante años por su impacto en el transporte y la competitividad económica del Principado. Asturias defiende su eliminación tanto ante el Gobierno central como en el marco europeo, donde la regulación sobre concesiones y tarifas es exigente. El recurso ante el TJUE supondría un paso inédito y constata la importancia estratégica que el asunto ha adquirido para la comunidad autónoma.

Esta declaración llega en un momento en que el corredor atlántico europeo busca mejorar la conectividad y la integración entre puertos, infraestructuras y territorios. Asturias quiere situarse como punto clave en este eje, por lo que proyectos como los accesos a El Musel y la mencionada A-63 son determinantes para el desarrollo regional y su inserción internacional.

El actual gobierno del Principado mantiene una agenda activa para impulsar las inversiones en transporte público y corredores ferroviarios, vinculando estas infraestructuras con la estrategia ambiental y de sostenibilidad que exige la Unión Europea. Así, el reto no es solo económico o logístico, sino también adaptarse a los compromisos de reducción de emisiones y transición energética.

Por ello, el siguiente año será crucial para definir el modelo de movilidad y las prioridades en infraestructuras en Asturias. Los ciudadanos y agentes económicos estarán pendientes de los avances que se puedan producir, especialmente en aquellos proyectos que llevan años paralizados y que condicionan el futuro inmediato de la región.

Para consultar el detalle de los planes de inversión en infraestructuras y transporte del Principado, se puede revisar el portal oficial asturiano o las declaraciones oficiales de Adrián Barbón en el último año, disponibles en El Comercio.

El desgaste que supone el bloqueo político en infraestructuras estratégicas evidencia la complejidad de la gobernanza territorial en España, donde muchas veces las decisiones dependen de acuerdos entre administraciones y el marco europeo. Asturias no es ajena a esta realidad y hace patente que sin consenso, habrá mecanismos legales para proteger sus intereses.