El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el registro nacional único de alquileres turísticos que el Gobierno había impuesto hace casi un año, al considerar que invade competencias que pertenecen exclusivamente a las comunidades autónomas.

La anulación responde a un recurso presentado por la Generalitat Valenciana y afecta al requisito de obtener un número de referencia para publicar alojamientos en plataformas digitales como Airbnb o Booking. A pesar de esta derrota, permanecen vigentes otras medidas del decreto, como la ventanilla única digital para gestiones de arrendamientos, la obligación de que plataformas compartan datos, y el uso de estos con fines estadísticos.

El Alto Tribunal argumenta que el Estado español carece de la competencia para establecer un registro nacional minucioso que contravenga y deje obsoletos los registros existentes en las autonomías. Si bien admite que el Gobierno puede establecer reglas básicas para la coordinación, la regulación aprobada resultó demasiado detallada, limitando gravemente la función de las comunidades autónomas en esta materia.

Esta sentencia llega en un contexto de debate intenso sobre las políticas de vivienda, marcado por subidas significativas en los precios por la reducción de la oferta y la creciente demanda. El fallo establece un precedente jurídico claro: las competencias para autorizar y registrar viviendas turísticas corresponden exclusivamente a las autonomías, aunque el Estado puede intervenir en la gestión tecnológica y la recopilación de datos.

Desde el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, defendieron el impacto positivo del registro único durante su vigencia, afirmando que permitió identificar más de 111.000 alquileres ilegales. Han instado a las comunidades a intensificar las inspecciones para garantizar el cumplimiento normativo.

La sentencia genera también repercusiones económicas para los propietarios. Según la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), cerca de 300.000 propietarios pagaron una tasa de 32,73 euros para obtener el número de registro, sumando más de ocho millones de euros. A esto se añaden 10,8 millones adicionales por los registros efectuados en cerca de 400.000 solicitudes, totalizando alrededor de 20 millones que ahora quedan en suspenso tras la decisión judicial.

El registro único había tenido un efecto notable en el mercado: hasta febrero se detectó una caída del 12,4% en la oferta de pisos turísticos, lo que supone unos 50.000 alojamientos menos según el INE. Sin embargo, esta disminución no se tradujo en un aumento equivalente en la oferta de vivienda residencial. Con la anulación, estos pisos podrían volver a las plataformas digitales, aunque la sentencia reabre el debate sobre la inseguridad jurídica que afecta a los propietarios y la disminución de la oferta.

El Supremo reconoce además la preocupación creciente, tanto en España como en la Unión Europea, sobre el impacto del alquiler de corta duración a través de plataformas en línea. Este fenómeno ha reducido el parque de viviendas para alquiler a largo plazo, contribuyendo al aumento de precios, dificultades de acceso para residentes habituales, y desplazamientos en determinados barrios, con consecuencias en la cohesión social y la composición vecinal.

En definitiva, la sentencia marca un nuevo capítulo en la regulación del alquiler turístico en España, situando nuevamente a las comunidades autónomas en el centro de la gestión administrativa, mientras el Estado mantiene un papel coordinador pero limitado. El desafío continúa para equilibrar la oferta turística con la disponibilidad y accesibilidad de vivienda residencial.

Para más información sobre las competencias autonómicas y la regulación de vivienda, puede consultarse el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los datos del INE sobre vivienda.