La Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario del caso Plus Ultra e imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La investigación, derivada de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que Zapatero habría dirigido una estructura estable y jerarquizada destinada a obtener beneficios económicos ilícitos mediante su influencia ante organismos públicos en favor de la aerolínea Plus Ultra.
Este procedimiento supone un hito en la democracia española, al ser la primera vez que un expresidente del Gobierno está procesado penalmente por corrupción. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizó registros en las oficinas de Zapatero y de varias sociedades vinculadas a él, en busca de pruebas que confirmen su papel en esta red.
La investigación se centra en el rescate público de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia para apoyar a Plus Ultra, una aerolínea con capital mayoritariamente venezolano. Según los datos recogidos, los directivos de la compañía intentaron acceder a esta ayuda mediante procedimientos fuera de los cauces legales, utilizando dos canales de influencia paralelos. Uno, liderado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y otro, con predominancia, encabezado por Zapatero.
El auto judicial describe una trama organizada que usaba sociedades pantalla, documentación falsa y mecanismos financieros opacos para canalizar influencias y ocultar el origen y destino de los fondos. Estos recursos supuestamente terminaron beneficiando no solo a Plus Ultra sino también a personas vinculadas directamente a la red, entre las que destaca la figura del empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y también imputado.
Julio Martínez habría funcionado como interlocutor y ejecutor de instrucciones del expresidente, además de gestionar los pagos y contratos de asesoría que sirvieron para justificar el flujo económico ilícito identificado en la investigación. La sociedad Whathe Fav SL, administrada por las hijas de Zapatero, aparece vinculada a estas operaciones como receptora de parte de los pagos mediante contratos que habrían justificado el traslado de fondos.
Los investigadores han identificado movimientos económicos cuantificados en cientos de miles de euros entre las compañías relacionadas con Plus Ultra y las personas o empresas vinculadas a Zapatero. En total, señalan que el expresidente pudo percibir cerca de dos millones de euros procedentes de esta red, repartidos a través de diversas firmas como Análisis Relevante, Gate Center y Thinking Heads, entre otras.
Un dato revelador en la causa es un intercambio de mensajes registrado en febrero de 2021 por dos de los implicados en el que se adelanta la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra, antes de que el Consejo Gestor emitiese su resolución oficial en marzo de ese año. Esto evidenciaría el acceso a información privilegiada y el ejercicio de influencias indebidas desde el entramado investigado.
Las pesquisas también han descrito el uso de sociedades offshore, testaferros y estructuras societarias complejas en varios países, formando un entramado internacional destinado a ocultar el destino y origen del dinero.
Para el juez instructor, José Luis Calama, líder la trama Zapatero habría capitalizado sus contactos y capacidad para influir en altos cargos administrativos con el objetivo de obtener decisiones favorables para Plus Ultra y, por extensión, para su propio beneficio económico y el de sus allegados.
Zapatero está citado para declarar como investigado el próximo 2 de junio. Además, las actuaciones continúan con la revisión y análisis de las pruebas incautadas durante los registros de oficinas y sociedades vinculadas a la red.
Este caso abre un precedente sin igual en España, al poner en el centro del procedimiento penal a un expresidente del Gobierno por presuntos delitos relacionados con la corrupción política y el manejo irregular de fondos públicos en una etapa tan delicada como la pandemia. El desarrollo judicial será clave para esclarecer la extensión y profundidad de esta red y sus implicaciones en la responsabilidad política y económica en el país.
Para seguir la evolución del caso y detalles sobre las figuras involucradas, se pueden consultar fuentes como Expansión y la página web de la Audiencia Nacional.
Estos acontecimientos ponen en el foco la necesidad de reforzar los controles sobre ayudas públicas y la transparencia en la gestión política para evitar la repetición de prácticas similares que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.