La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha presentado un informe al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional donde detalla cómo la aerolínea Plus Ultra habría creado una red de presiones políticas y pagos para conseguir un rescate de 53 millones de euros.

Los investigadores apuntan a que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero actuó como mediador para facilitar la ayuda financiera, en medio de un entramado societario que sirvió para canalizar pagos hacia su entorno cercano. Según el informe, la aerolínea diseñó una estrategia desde la primavera de 2020 que incluía dos vías de influencia política: una dirigida al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con contacto directo a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y otra a través de Zapatero, quien era visto como una figura vinculada tanto al Gobierno español como al venezolano.

La actividad de estas redes comenzó rápidamente. Apenas un día después de aprobarse el Fondo de Apoyo para rescates empresariales, los directivos de Plus Ultra ya comentaban en chats que la red encabezada por Zapatero estaba en marcha trabajando para agilizar los trámites. Una reunión clave ocurrió el 7 de septiembre de 2020, cuando Zapatero se reunió con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para tratar de resolver deudas de la aerolínea con la Seguridad Social.

Para justificar legalmente y canalizar los pagos derivados de estas gestiones, la trama utilizó una estructura financiera denominada internamente "boutique" o "Grupo Zapatero", liderada por el empresario Julio Martínez Martínez, considerado colaborador de confianza del expresidente. Esta entidad estaba registrada en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal, desde donde se emitían contratos de asesoría que respaldaban los movimientos financieros de Plus Ultra tras recibir la subvención pública.

Además, la UDEF destaca el papel de la empresa What The Fav, propiedad de las hijas de Zapatero, contratada por la sociedad Análisis Relevante – vinculada a Martínez Martínez – para realizar supuestos trabajos de maquetación de informes. Los investigadores subrayan que estas tareas carecían del peso técnico necesario y que los boletines dirigidos a distintos clientes eran enviados usando correos facilitados por Zapatero. Esta operativa podría constituir un mecanismo para desviar fondos hacia el entorno familiar del expresidente, según el informe.

El documento también recoge intentos de desactivar la investigación abierta en 2021 en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, revelando contactos con la fiscal jefe del caso para influir en el procedimiento de una manera conocida como "Kitchen Cabinet". De forma paralela, las gestiones realizadas por Martínez Martínez ante la vicepresidenta venezolana lograron la autorización de seis vuelos de Plus Ultra sin la nota diplomática requerida, una ventaja legal importante para la aerolínea.

El Gobierno ha respondido con una postura de prudencia ante estos hallazgos, poniendo el foco en analizar en detalle el sumario para conocer las evidencias que respaldan el informe de la UDEF. Desde el Ejecutivo subrayan que, por ahora, las acciones atribuidas a Zapatero se circunscriben a actividades de lobby legítimas y defienden su figura públicamente.

El próximo 2 de junio Zapatero deberá comparecer para clarificar la naturaleza de sus trabajos para Análisis Relevante y justificar que se trata de una consultoría legal, y no de un delito de tráfico de influencias, un aspecto determinante para el futuro del caso y las investigaciones en torno al rescate de Plus Ultra.

Este escándalo llega en un momento de creciente escrutinio sobre los fondos públicos concedidos a empresas en crisis, especialmente en sectores estratégicos como el aéreo, e implica la intervención de figuras políticas relevantes en supuestas operaciones opacas que exigen un análisis riguroso y transparencia para evitar la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.

Para más detalles, puede consultarse el informe de la UDEF y el auto judicial en fuentes oficiales como la Audiencia Nacional o los comunicados del Ministerio del Interior.

El seguimiento de esta investigación será clave para entender la dinámica entre empresas rescatadas, intermediarios políticos y el uso de estructuras societarias complejas en las operaciones con fondos públicos.