El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia que cambia las reglas del juego para cientos de miles de trabajadores interinos de la Administración pública española. El fallo, que responde a una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo, declara incompatibles con la normativa comunitaria varias de las fórmulas que España venía aplicando para compensar los abusos de temporalidad en el empleo público. Y lo hace con carácter inmediato: el derecho de la UE tiene primacía sobre la legislación nacional.
El problema de fondo no es menor. España arrastra una tasa de temporalidad en el sector público cercana al 30%, una cifra que afecta a más de 900.000 trabajadores. Entre 40.000 y 50.000 casos ya se encuentran judicializados y esperaban precisamente este pronunciamiento europeo para conocer qué vía les corresponde: conversión en fijos, una indemnización o alguna figura intermedia aún por definir.
Qué prácticas quedan descartadas
La sentencia es clara al señalar qué no funciona. En primer lugar, descarta la figura del indefinido no fijo, una categoría habitual en la Administración española por la que el trabajador mantiene su puesto pero este puede salir a concurso en cualquier momento, lo que supone que el vínculo sigue siendo precario en la práctica. Según el propio TJUE, esta fórmula no impide que continúe el abuso de la contratación temporal, ya que el trabajador permanece en una situación de incertidumbre estructural.
En segundo lugar, el tribunal cuestiona la indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, que es la que corresponde en el derecho español a la extinción por causas objetivas. El fallo la considera insuficiente para prevenir y sancionar los abusos. Y va más lejos: pone en duda incluso que la indemnización máxima prevista en España, la del despido improcedente (33 días por año, hasta 24 mensualidades), sea una medida adecuada en todos los casos.
A esto se suma otro problema práctico: esa indemnización solo se abona cuando finaliza el proceso de selección que extingue la relación laboral. Eso deja fuera a quienes se jubilan, dimiten o son despedidos antes de que ese procedimiento concluya, lo que reduce su alcance real y genera un trato desigual entre trabajadores en situaciones similares.
Las opciones que quedan sobre la mesa
Entonces, ¿qué puede hacer España? Los expertos apuntan a dos grandes vías. La primera es la conversión directa en funcionarios de carrera o en empleados fijos, algo que hasta ahora el Estado ha evitado sistemáticamente porque supondría crear plazas de forma masiva y automática. La segunda es el diseño de un sistema de compensaciones económicas que el TJUE considere suficientemente disuasorias y reparadoras, es decir, superiores a las que existen hoy.
Algunos juristas también manejan una tercera alternativa: la figura del funcionario fijo a extinguir, un perfil intermedio que garantizaría la estabilidad del trabajador sin crear necesariamente una nueva plaza en la plantilla permanente. Se trataría de una solución de compromiso que aún no tiene respaldo legal claro en el ordenamiento español y que requeriría un desarrollo normativo específico.
Javier Arauz, el abogado que ha llevado estos casos ante la justicia europea, considera que el fallo deja poco margen interpretativo a los tribunales nacionales y anima a los trabajadores afectados a presentar reclamaciones. En su lectura, la conversión en fijos es ahora la salida más coherente con lo que exige Bruselas, aunque el Gobierno no ha dado señales de estar dispuesto a asumir esa medida de forma generalizada.
Un reto político y presupuestario
Más allá del plano jurídico, la sentencia plantea un desafío mayúsculo para las arcas públicas y para la política de empleo del Ejecutivo. Resolver la situación de más de 900.000 interinos, con decenas de miles de casos judicializados pendientes de resolución, tiene un coste económico y organizativo difícil de calcular con exactitud. El Ministerio de Hacienda y los departamentos de Función Pública de las distintas administraciones tendrán que revisar sus estrategias de estabilización a la luz de este pronunciamiento.
España lleva años intentando reducir la temporalidad pública a través de procesos de estabilización impulsados desde la legislación, pero el TJUE avisa de que esos procedimientos, cuando se basan únicamente en la experiencia acumulada y no garantizan una plaza o una compensación real, tampoco cumplen con las exigencias del derecho comunitario. El mensaje de Europa es nítido: la precariedad estructural en la función pública española no puede seguir resolviéndose con parches que dejen al trabajador en la misma situación de vulnerabilidad.