Telefónica da un paso importante hacia el cobro de una deuda que arrastra desde hace décadas. Un comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó este miércoles una parte del recurso con el que el Estado colombiano pretendía suspender el desembolso de más de 500 millones de euros a favor de la operadora española. La razón: Colombia no aportó la garantía financiera que las propias reglas del procedimiento le exigían en un plazo de 30 días.
El origen de este litigio se remonta a 1994, aunque el procedimiento arbitral formal no arrancó hasta 2018, cuando se constituyó el tribunal con un panel de tres miembros a instancias de Telefónica. La compañía alegó que Colombia había incumplido su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones extranjeras, una protección habitual en los tratados bilaterales de inversión. El foco del conflicto estaba en Colombia Telecomunicaciones, filial de la multinacional española, y en una serie de medidas estatales orientadas a recuperar activos vinculados al negocio de telecomunicaciones.
En concreto, el Estado colombiano aplicó diversas acciones de reversión de activos que forzaron a Telefónica a desembolsar 379,8 millones de dólares en 2017. La empresa consideró ese gasto un perjuicio directo derivado de decisiones unilaterales del gobierno colombiano, y lo utilizó como base para su reclamación ante el arbitraje internacional. En noviembre de 2024, el tribunal arbitral le dio la razón y condenó a Colombia a pagar esa misma cifra —equivalente a unos 324,4 millones de euros— más intereses compuestos del 5% anual y las costas del proceso. Sumados todos los conceptos, la factura total supera los 500 millones de euros.
Colombia intentó neutralizar ese fallo presentando un recurso de nulidad ante el CIADI, acompañado de una solicitud de suspensión del pago mientras se resolvía dicho recurso. Pero el comité ad hoc encargado de valorar esa petición detectó un problema formal: el país no constituyó la póliza de garantía financiera que las normas del procedimiento exigen para poder suspender cautelarmente la ejecución del laudo. Al no cumplir ese requisito dentro del plazo de 30 días, el comité rechazó esa parte de la solicitud.
Esto no significa que el conflicto haya terminado. Colombia también pidió la nulidad del arbitraje en sí, una cuestión de fondo que todavía tiene que resolverse. Mientras ese análisis sigue su curso, la decisión de esta semana despeja, al menos, uno de los obstáculos que podían retrasar el pago. Telefónica no tiene garantizado el cobro inmediato, pero la posición jurídica de la compañía se ha fortalecido.
Un litigio de treinta años con miles de millones en juego
El caso ilustra los riesgos que asumen las grandes empresas cuando invierten en mercados emergentes con marcos regulatorios inestables. Telefónica lleva décadas operando en América Latina y ha mantenido presencia activa en Colombia a través de diversas estructuras societarias. La disputa con el Estado colombiano pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir cuando los gobiernos cambian sus políticas de concesiones o reversión de activos sin compensar adecuadamente a los inversores extranjeros.
El mecanismo del CIADI, dependiente del Banco Mundial, fue diseñado precisamente para resolver este tipo de controversias entre Estados e inversores privados de forma neutral. Los laudos del CIADI son vinculantes y, en teoría, ejecutables en los países signatarios del convenio. Sin embargo, la historia reciente muestra que cobrar una condena a un Estado soberano puede ser un proceso largo y complejo, aunque el fallo sea firme.
Qué viene ahora para Telefónica
La operadora presidida por José María Álvarez-Pallete tendrá que esperar a que el comité ad hoc se pronuncie sobre la solicitud de nulidad del arbitraje, el frente que aún permanece abierto. Si esa petición también fracasa, Colombia quedaría obligada a ejecutar el laudo sin más dilaciones. En ese escenario, Telefónica podría reclamar el pago efectivo de los más de 500 millones de euros, aunque los mecanismos para forzar a un Estado al pago siguen siendo limitados en la práctica.
De momento, la compañía puede interpretar este miércoles como una victoria parcial pero significativa. El fallo del comité ad hoc del CIADI cierra una vía de bloqueo que Colombia había intentado activar y deja el litigio en una fase más avanzada hacia su resolución definitiva. Para los accionistas de Telefónica, que ya contabilizaron el laudo original de noviembre de 2024 como un hito positivo, la noticia refuerza las expectativas de recuperar una inversión que la empresa considera una deuda pendiente desde hace casi tres décadas.