Los fallos judiciales que obligan al Estado y demás administraciones públicas a pagar en indemnizaciones y devoluciones han alcanzado un volumen alarmante, según el último informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Entre 2024 y 2025, la factura asciende a 14.400 millones de euros, un coste que representa una carga creciente para las arcas públicas.
Durante 2024, el gasto por sentencias adversas alcanzó más de 11.200 millones de euros, lo que supuso aproximadamente el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB). En 2025, la cifra prevista es de alrededor de 3.100 millones, equivalente al 0,2% del PIB. Este panorama supone un incremento considerable frente a años anteriores e implica esfuerzos financieros para hacer frente a obligaciones legales impuestas por los tribunales.
El desglose de este impacto mayoritario corresponde a la Administración Central, aunque también se incluyen costes para los Fondos de la Seguridad Social y las Corporaciones Locales. Entre los fallos que marcaron el ejercicio 2024 están la devolución a pensionistas de antiguas mutualidades de cantidades retenidas indebidamente por doble tributación del IRPF, con un coste cercano a los 6.000 millones.
Otra sentencia relevante fue la declaración de inconstitucionalidad de las subidas fiscales en el Impuesto sobre Sociedades impulsadas mediante Real Decreto-ley en 2016 por el exministro Cristóbal Montoro. Esta decisión judicial supuso un impacto de 3.048 millones de euros en 2024 y se prolonga con otros 1.057 millones estimados para 2025. Además, en 2025 destacó la sentencia que afectó al fondo de comercio de empresas extranjeras, con un coste asociado de 1.250 millones.
La Airef recuerda que esta tendencia no es nueva y que en la última década, desde 2014 hasta 2025, el gasto total acumulado por sentencias contra la Administración central ha superado los 19.400 millones, con un promedio anual de algo más de 1.600 millones. Esta cifra evidencia el impacto estructural que tienen los litigios en las finanzas públicas y la necesidad de plantear medidas preventivas y estratégicas.
El organismo fiscal advierte que varios procedimientos judiciales en curso podrían elevar aún más esta carga. Entre los casos con mayor potencial económico está la sentencias pendientes sobre la tarifa autonómica del Impuesto de Hidrocarburos, cuyo impacto máximo podría ascender a 6.500 millones de euros. Además, otras áreas que concentran riesgos importantes incluyen los arbitrajes internacionales relacionados con proyectos de energía renovable y los conflictos sobre concesiones de autopistas de peaje.
También preocupan las reclamaciones derivadas de ventas con pérdidas de participaciones, responsabilidades por avales vinculados a la crisis del Covid-19, así como tasas derivadas de la gestión de residuos radiactivos, la reserva del dominio radioeléctrico o las tasas municipales por gestión de residuos sólidos urbanos.
Ante este escenario, la Airef insta a reforzar la recopilación y actualización de datos sobre los procedimientos judiciales que puedan afectar a las cuentas públicas. La presidenta del organismo, Inés Olóndriz, aboga por que las administraciones evalúen el impacto legal y financiero de nuevas normas antes de su aprobación. Asimismo, recomienda diseñar una estrategia judicial proactiva y establecer una base de datos centralizada que permita un seguimiento eficaz de las sentencias con posible impacto fiscal.
Esta preocupación surge en un contexto en el que la sostenibilidad fiscal es un objetivo clave tras años de intensos retos derivados de la pandemia y la coyuntura económica global. El constante aumento en el importe de indemnizaciones o devoluciones obliga a mejorar la gestión y prevención de riesgos legales en la Administración pública.
El coste elevado de estos litigios también pone sobre la mesa la necesidad de analizar en profundidad la calidad normativa y los mecanismos de control previo a la aprobación legislativa. Según expertos en derecho y finanzas públicas, evitar futuras sentencias desfavorables pasa por un mayor rigor técnico y jurídico en la formulación de políticas públicas.
Sin embargo, la complejidad del sistema jurídico y administrativo, junto con la multiplicidad de actores y competencias, dificulta una gestión uniforme y eficiente de estos riesgos. Por ello, la construcción de una estrategia coordinada entre administraciones parece clave para reducir el impacto financiero y jurídico a medio y largo plazo.
La experiencia también sugiere que la transparencia y la comunicación pública sobre estos datos pueden contribuir a una mayor responsabilidad en la gestión pública y en la toma de decisiones. La Airef desempeña así un papel esencial para informar y alertar sobre estos desequilibrios que afectan directamente a los recursos públicos y, por ende, al conjunto de la ciudadanía.
El informe sobre riesgos fiscales de la Airef puede consultarse en detalle para entender mejor los casos, cifras y posibles escenarios futuros. La autoridad independiente recuerda que el análisis minucioso y el control de la ejecución presupuestaria vinculada a sentencias son imprescindibles para la estabilidad financiera del Estado y sus administraciones.
Para más información, puede consultarse el informe oficial de la Airef o los análisis publicados por el Ministerio de Hacienda sobre ejecución presupuestaria en relación con sentencias judiciales adversas.
En definitiva, las cifras evidencian un desafío creciente para la gestión pública: controlar y mitigar el coste de los fallos judiciales evitando que sigan impactando de forma significativa las finanzas del Estado español.