La justicia de los Países Bajos ha dado un paso más en la presión sobre el Estado español por el impago de los laudos arbitrales relacionados con el recorte de las primas a las energías renovables. El Tribunal de Distrito de La Haya autorizó el pasado 19 de marzo de 2026 el embargo preventivo del edificio que ocupa el Instituto Cervantes en Utrecht, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, en la emblemática plaza de Domplein. La medida responde a la demanda de Eurus Energy, filial del grupo Toyota, que ganó un arbitraje internacional por el que España debe abonarle 106 millones de euros en concepto de indemnización.
La compañía japonesa reclama esa compensación por los recortes que el Gobierno español aplicó en 2013 a las subvenciones del sector renovable dentro de una reforma eléctrica de amplio calado. Pese a que los árbitros internacionales le dieron la razón, España no ha satisfecho el pago, lo que ha llevado a los fondos de inversión que representan a Eurus Energy a activar mecanismos de ejecución forzosa en distintos países. Según las fuentes cercanas a los acreedores, el inmueble de Utrecht tiene un valor estimado de unos 10 millones de euros y, si el embargo se consolida por orden judicial, podría salir a subasta pública.
Este bloqueo no es un caso aislado. Desde hace meses, varios inversores y fondos que adquirieron los derechos de cobro de estas disputas llevan a cabo una estrategia coordinada de embargo de bienes públicos españoles en múltiples jurisdicciones: Reino Unido, Australia, Bélgica y Estados Unidos. El objetivo es forzar al Estado a sentarse a negociar o a ejecutar los pagos que los tribunales arbitrales han reconocido. Entre los activos ya bloqueados de forma preventiva figuran el Instituto Vicente Cañada Blanch, la sede del Instituto Cervantes en Londres y las oficinas de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (Acció).
La ofensiva jurídica ha llegado también a Estados Unidos aprovechando la celebración del Mundial de fútbol de 2026. Los fondos acreedores han solicitado al Tribunal de Distrito de Columbia que requiera información bancaria y comercial a proveedores de la Selección Española, entre ellos Adidas, Hilton o Vision Hospitality. Es una táctica de presión destinada a localizar activos susceptibles de ser intervenidos si España mantiene el impago.
En paralelo, Eurus Energy ya había solicitado a la justicia belga el bloqueo de 482,4 millones de euros procedentes de los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea con sede en Bruselas, realiza periódicamente a Enaire, el proveedor estatal español de control del tráfico aéreo. Sin embargo, la Comisión Europea abrió un expediente a Bélgica por autorizar esas medidas, al considerar que los bloqueos sobre los fondos de Enaire podrían constituir un intento de eludir las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.
España fundamenta su negativa a pagar en dos argumentos. Primero, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha limitado los arbitrajes de inversión entre Estados miembros de la UE, lo que pone en entredicho la validez de estos laudos en el ámbito comunitario. Segundo, que necesita el aval de la Comisión Europea para garantizar que el pago no sea calificado como ayuda de Estado ilegal. Bruselas solo se ha pronunciado en detalle en el caso del fondo Antin, al que consideró que la indemnización era incompatible con las normas europeas. Para el resto de demandantes, la posición oficial sigue siendo ambigua.
El volumen total del litigio es considerable. Los inversores presentaron 51 demandas de arbitraje con una reclamación conjunta que superaba los 10.600 millones de euros. Tras resolverse varios procedimientos, el importe pendiente se ha reducido más de un 80% y se sitúa en torno a 1.800 millones de euros, más intereses y costas, reconocidos en 27 laudos favorables a los demandantes. España únicamente ha accedido a abonar la indemnización a JGC, empresa japonesa no comunitaria, al entender que ese pago no genera problemas bajo el derecho europeo. Otros dos litigantes extranjeros estarían en una situación jurídica comparable.
Las firmas acreedoras advierten de que la postura del Gobierno está generando un efecto acumulativo de embargos y deterioro de imagen. Señalan que el mantenimiento de los impagos solo incrementará la lista de activos públicos bloqueados en el exterior y el descrédito internacional del Estado español como garante de contratos de inversión. El caso del Instituto Cervantes en Utrecht añade un componente simbólico relevante: la institución encargada de proyectar la cultura y la lengua española en el mundo se convierte, involuntariamente, en la cara visible de un conflicto jurídico que lleva más de una década enquistado.