El Pleno del Congreso ha aprobado una reforma clave que permite a más de 120.000 mutualistas alternativos pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y asegurar su pensión pública. La aprobación llega tras dos años de negociaciones entre el Gobierno, partidos y asociaciones de mutualistas.

Antes, la opción estaba limitada por varios requisitos y solo algunos mutualistas activos podían acceder a este traspaso. Gracias a varias enmiendas impulsadas por el PP y Junts, se eliminan barreras importantes: todos los mutualistas alternativos, incluidos jubilados, podrán ingresar al sistema de la Seguridad Social y beneficiarse de sus ventajas, como la revalorización anual de pensiones según el IPC y las prestaciones mínimas.

Esta medida significa un cambio radical respecto a la postura inicial del Ministerio de Seguridad Social, que buscaba limitar el impacto económico y restringir el acceso a quienes no cumplían con un mínimo de años cotizados en la Seguridad Social. Ahora, se amplía la pasarela para incluir a mutualistas pasivos, que ya cobran pensiones bajas de las mutualidades, una reivindicación histórica de estos colectivos excluidos.

Entre los mutualistas beneficiados están abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y médicos, siendo este último grupo uno de los grandes afectados por la medida. El cambio plantea que la obligación de tener al menos 15 años de cotización en la Seguridad Social para acceder a la pensión pública desaparece, lo que amplía el universo de beneficiarios.

Otro punto crucial de la reforma es la introducción del coeficiente de conversión "uno por uno" para el traspaso de años cotizados a la Seguridad Social, renunciando al coeficiente del 0,77 previsto inicialmente. Esto significa que cada año de cotización a la mutualidad contará como un año completo en el RETA, lo que favorece a los mutualistas al considerar sus aportaciones como equivalentes al 100% del RETA.

Esta decisión ha generado controversia, pues implica un coste mayor para el sistema público y da ventaja a quienes cotizaron menos de lo que exige el RETA. La regulación definitiva aún debe aclarar cómo se aplicará esta conversión, sobre todo para los mutualistas jubilados que ya consumen su capital mutualista.

Los mutualistas que opten por ingresar en el RETA tendrán un plazo de un año desde la publicación del reglamento para hacerlo. Además, los que permanezcan en las mutualidades alternativas deberán cubrir aportaciones similares a las del RETA, con una escalada de aportación mínima hasta llegar al 100% en 2028.

La reforma también garantiza la continuidad del mutualismo alternativo, gracias a una enmienda que elimina la obligación de migrar todos los autónomos al RETA antes de 2028. De esta forma, las mutualidades podrán seguir operando como sistema alternativo frente al RETA, aunque el Gobierno deberá evaluar su futuro antes de 2031.

Respecto al momento de la transferencia de los fondos acumulados, fuentes oficiales indican que ésta se realizará en el hecho causante, generalmente en la jubilación, para mantener el orden y viabilidad financiera del sistema.

Este giro legal plantea un desafío importante para las cuentas públicas, pero satisfará demandas de miles de profesionales afectados por las bajas prestaciones de las mutualidades y la incertidumbre sobre sus futuras pensiones.

Queda pendiente el desarrollo reglamentario que detalle los requisitos y procedimientos finales. Mientras tanto, el Congreso ha dado un paso decisivo para armonizar el sistema público con los esquemas de capitalización previos, apuntalando la protección social de un colectivo histórico del trabajo autónomo.

Para más información sobre la regulación y novedades, se puede consultar el texto en Expansión y el seguimiento en el Ministerio de Seguridad Social.