El Consejo de Ministros aprobó recientemente un decreto para regularizar la situación administrativa de en torno a medio millón de personas extranjeras que ya residen en España. La medida, pactada con Podemos, ha cosechado un respaldo mayoritario entre las patronales sectoriales consultadas, que ven en ella una herramienta para cubrir las vacantes que dicen no poder cubrir con trabajadores nacionales. La CEOE, la organización empresarial más representativa del país, no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, aunque su presidente ha manifestado un apoyo matizado.
El argumento que más repiten las asociaciones empresariales es la falta estructural de mano de obra en determinados sectores. Desde la agricultura hasta los cuidados, pasando por el transporte o la construcción, los representantes patronales coinciden en señalar que hay puestos de trabajo que no logran cubrir con candidatos locales. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) apunta que en algunas campañas agrícolas parte de la fruta ha quedado sin recolectar por ausencia de personal disponible. En el transporte de viajeros, la patronal Confebús ha denunciado situaciones en las que había vehículos y demanda, pero no conductores suficientes para operar.
El sector de los cuidados y la dependencia es otro de los que mira con más optimismo la regularización. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) estima que su sector necesitará unos 160.000 nuevos empleados en los próximos años para afrontar el envejecimiento de la población española. Su presidente considera que sin inmigración ese reto será imposible de asumir. Por su parte, la Confederación Nacional de la Construcción ha enmarcado su apoyo también en términos de derechos humanos y de sostenibilidad del Estado de bienestar: los nuevos afiliados a la Seguridad Social generarán cotizaciones que reforzarán las arcas públicas.
La postura de Garamendi y las grandes patronales
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha respaldado la regularización en declaraciones públicas, pero con más reservas que las voces sectoriales. En un foro reciente, reconoció que incorporar trabajadores para cubrir vacantes tiene sentido, pero lamentó que el Gobierno no haya contado con el Parlamento ni con el diálogo social para diseñar la medida. Fuentes empresariales apuntan que el perfil bajo de su posicionamiento, sin comunicados oficiales, podría estar relacionado con las elecciones internas en la CEOE previstas para este año, en las que proyectar cercanía con el Ejecutivo podría restarle apoyos.
La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha transmitido un mensaje similar: la regularización es una oportunidad para integrar a estas personas en el mercado laboral y ayudar a las pymes, que tienen más dificultades que las grandes empresas para competir por talento. Pero también ha insistido en que decisiones de este calado deberían consensuarse en el Parlamento para garantizar su estabilidad. La gran patronal catalana, Foment del Treball, ha ido más lejos y ha calificado la medida de "necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado de trabajo". La patronal madrileña CEIM, en cambio, representa una de las pocas voces críticas: su presidente ha advertido de que una regularización masiva sin criterios claros puede generar problemas para las comunidades autónomas, que asumen el impacto en servicios públicos sin haber sido consultadas.
El debate sobre la escasez de mano de obra
No todos los actores económicos comparten la premisa de que España tiene un problema estructural de falta de trabajadores. Los sindicatos rechazan ese diagnóstico y señalan que la escasez se concentra en sectores muy específicos, y que el verdadero problema son las condiciones laborales y los salarios que ofrecen algunos empleadores. Los datos oficiales dan argumentos a ambos lados: según la Encuesta de Población Activa del INE, España mantiene una tasa de paro del 9,9%, una de las más altas de la Unión Europea, mientras que su tasa de vacantes se sitúa en el 0,9%, a la cola del continente. Las patronales contraargumentan que muchos desempleados no aceptan las ofertas en los sectores con mayor necesidad de personal, y que esas estadísticas no capturan la realidad del día a día en el campo, la hostelería o el transporte.
Los extranjeros representan ya el 14% de los afiliados a la Seguridad Social, según datos del Gobierno. Su presencia es especialmente elevada en sectores de salarios bajos y jornadas largas: el empleo en el hogar (43%), la agricultura (39%) y la hostelería (29%). En cambio, son minoritarios en sectores mejor remunerados y con mejores condiciones, como la Administración pública (1,4%) o la educación (4,8%).
Homologaciones, un cuello de botella pendiente
Varias patronales han aprovechado el debate para reclamar al Gobierno que acelere la homologación de títulos extranjeros, uno de los grandes cuellos de botella que mantiene a miles de personas trabajando en empleos por debajo de su cualificación real. En el sector de los cuidados, acceder a los puestos de trabajo requiere un certificado de profesionalidad que muchos trabajadores extranjeros no tienen reconocido. En el transporte, los permisos y habilitaciones suponen una inversión económica que las patronales piden que el Ejecutivo ayude a financiar mediante bonificaciones. En la educación concertada, la principal patronal del sector, Escuelas Católicas, advierte de que quienes no tengan la titulación homologada no podrán impartir docencia, lo que limita el impacto real de la regularización en ese ámbito.
Hay también quien señala un efecto secundario no deseado: la regularización podría provocar que trabajadores que ahora prestan servicios en la economía sumergida, como el cuidado de personas mayores a domicilio, migren hacia sectores menos sacrificados una vez que obtengan su situación regularizada. La presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos reconoce que la medida puede abrir nuevas oportunidades para que muchas familias contraten de forma legal a trabajadoras del hogar, aunque advierte del riesgo de que parte de ese personal opte por otros empleos con mejores condiciones.