La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos ha declarado ilegal la imposición de aranceles universales del 10% aplicados en febrero, al considerar que el presidente Donald Trump sobrepasó la autoridad que le otorga el Congreso para esta medida. No obstante, el fallo afecta únicamente a los demandantes específicos, sin invalidar la vigencia global de estos aranceles, que seguirán en efecto hasta el próximo verano.

Esta decisión representa un nuevo golpe a la estrategia proteccionista de la Administración Trump tras la anulación parcial que el Tribunal Supremo dictó a inicios de año sobre varios de esos gravámenes implementados amparados en leyes de emergencia económica. Sin embargo, el alcance de esta sentencia es limitado: beneficia a empresas concretas —como Burlap & Barrel, dedicada a especias, Basic Fun!, fabricante de juguetes, y el estado de Washington— sin suspender los aranceles para el resto de importadores.

En la práctica, la mayoría de los sectores seguirán sujetos a la tarifa del 10% mientras el Gobierno recurre esta decisión judicial, que por ahora no contempla medidas cautelares sobre el arancel general. Además, el calendario inicial —con vigencia hasta julio— permanece intacto, ya que esta tarifa fue diseñada para ser temporal mientras el Ejecutivo buscaba vías legales que avalasen un régimen arancelario indefinido.

El recurso presentado por Trump partió de una disposición pensada para responder de forma momentánea a desajustes graves en la balanza de pagos. El Tribunal sostiene que el déficit comercial de Estados Unidos no puede equipararse a una crisis de balanza de pagos que justifique un gravamen universal de este calibre. Reafirma que la política comercial debe tomar forma a través del Congreso, y que el presidente requiere autorización explícita para aplicar impuestos de esta magnitud a la importación.

Este revés judicial se produce en un momento crucial, ya que aunque Trump controla ambas cámaras legislativas, la aprobación de una ley que respalde estos aranceles supondría un desafío político significativo, especialmente ante las próximas elecciones de medio mandato y las resistencias internas dentro del propio Partido Republicano.

Mientras la Casa Blanca tramita su respuesta legal, las empresas que demandaron podrían intentar aprovechar el fallo para reclamar la devolución de tasas pagadas. Sin embargo, los procesos judiciales probablemente no se resuelvan antes de la expiración automática del arancel en julio, y tampoco es seguro que la apelación llegue al Tribunal Supremo a tiempo.

Por otra parte, permanecen vigentes otros aranceles sectoriales sobre productos como el acero, aluminio y automoción, además de aquellos establecidos en acuerdos bilaterales, que aunque fueron revisados judicialmente, siguen en una situación jurídica incierta. En este contexto, está incluido el pacto con la Unión Europea alcanzado en 2025, que fijaba un arancel medio del 15% para productos europeos.

El acuerdo con la UE se encuentra en un limbo legal tras la anulación de ciertos gravámenes por el Supremo, pero para Washington sigue activo. Trump ha acusado a la Unión Europea de no respetar lo pactado y amenazó con aumentar los aranceles a la industria automotriz hasta el 25%, aunque retrasó esta medida hasta julio, coincidiendo con la fecha límite del arancel universal.

La Casa Blanca confía en que para entonces haya sorteado los obstáculos judiciales y pueda ejercer plenamente su política arancelaria. Entretanto, el sector empresarial y los mercados siguen pendientes del desenlace que tendrá este capítulo en la guerra comercial estadounidense.

Más información se puede consultar en The New York Times, así como en datos oficiales del Tribunal Supremo de Estados Unidos y la Corte de Comercio Internacional.