Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, ha desmentido con contundencia las acusaciones de haber presionado a Ángel Escribano para que abandonara la presidencia de Indra. En su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, De la Rocha aseguró que "jamás" ha amenazado a nadie y que únicamente mantuvo una única conversación con Escribano antes de que este decidiera dimitir en abril de 2026.

El nombramiento de Ángel Escribano como presidente del consejo de administración de Indra se produjo en enero de 2025, con el respaldo unánime del consejo, que aprobó su designación por mayoría absoluta y sin votos en contra. Esta decisión fue adoptada en un contexto de normalidad institucional, según explicó De la Rocha, quien recalcó que la empresa cuenta con participación estatal a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que posee un 28% del capital.

Sin embargo, a lo largo del año siguiente, surgieron polémicas que afectaron a la gestión de Escribano y a la empresa. El foco se centró en una posible operación entre Indra y EM&E, la firma familiar de Ángel y Javier Escribano. Esta situación generó conflictos de interés evidentes debido a que EM&E era un accionista significativo en Indra, con un 14,3% del capital, lo que la convertía en el segundo mayor inversor tras el Estado.

La controversia sobre esta operación provocó que EM&E suspendiera las conversaciones con Indra y acabara vendiendo su participación en la empresa. Durante este proceso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantuvo una vigilancia especial sobre la operación, dada la condición de empresa cotizada de Indra y las complejidades derivadas del conflicto de interés.

Manuel de la Rocha aseguró que desde el Gobierno se envió un mensaje claro a la Sepi sobre la necesidad de gestionar estos conflictos con rigor y transparencia, evitando cualquier duda que pudiera dañar la reputación de la compañía o la confianza de los inversores. De la Rocha reiteró que en sus ocho años en el cargo se ha reunido con los máximos responsables de casi todas las grandes empresas españolas y de numerosas firmas extranjeras, especialmente dentro del sector de Defensa, lo que refuerza su experiencia y la normalidad en las relaciones con los directivos.

Sobre la salida de Escribano, el director económico relató que solo mantuvo una conversación con él, sin solicitar ni presionar para su dimisión. Dos semanas después de dicha conversación, en plena Semana Santa y sin que existiesen presiones adicionales, Escribano tomó la decisión de renunciar a la presidencia de Indra.

Este episodio ha puesto en primer plano las dificultades que pueden surgir cuando se mezclan participaciones familiares con grandes empresas cotizadas, especialmente cuando hay participación pública significativa. La gestión de posibles conflictos de interés es un reto constante para empresas como Indra, donde el Estado tiene un papel relevante como accionista.

El caso también pone de relieve el papel de la Sepi y del Gobierno en la supervisión y gestión de sus participadas estratégicas para garantizar la transparencia y evitar afectaciones al interés público. En este sentido, la vigilancia de la CNMV y las comunicaciones regulares entre Sepi y la dirección de Indra son esenciales para preservar la confianza en el mercado.

El futuro de Indra tras esta crisis pasa por reforzar los mecanismos de gobernanza y control para evitar que situaciones similares vuelvan a surgir. Además, el relevo en la presidencia marca una etapa de renovación que buscará estabilizar la gestión y minimizar riesgos reputacionales.

Para un seguimiento más detallado sobre la participación estatal en empresas estratégicas y conflictos de interés, se puede consultar la página oficial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y los informes de la CNMV. También es relevante el análisis de los datos económicos y empresariales del Ministerio de Economía que ofrecen un marco contextual a estas cuestiones.

Este caso sirve como recordatorio de la complejidad que implica la gestión de grandes compañías con accionistas públicos y privados y subraya la importancia de aplicar principios sólidos de ética corporativa y transparencia en la alta dirección empresarial.

En definitiva, la defensa pública realizada por Manuel de la Rocha pretende zanjar las especulaciones sobre presiones políticas en la salida de Ángel Escribano, retransmitiendo un mensaje de normalidad y respeto institucional en la gestión de Indra, a la vez que subraya la continua vigilancia para proteger el interés público en empresas estratégicas.

La situación pone en relieve el equilibrio delicado entre influencia política y autonomía empresarial que debe preservarse en firmas con participación estatal, para garantizar tanto eficiencia como integridad en sus operaciones y gobierno.

La renuncia de Escribano marca un capítulo de aprendizaje institucional importante, con lecciones claras en la forma de abordar conflictos de interés y en la necesidad de transparencia máxima en toda operación relacionada con accionistas familiares y estatales de peso.