La venta del Club Estudiantes de baloncesto sigue envuelta en polémica pese al acuerdo anunciado con Diego Megía para la adquisición del club.
Jaime Siles, directivo del fondo australiano IFM y consejero de Naturgy, ha cuestionado públicamente la gestión del proceso, enviando una carta dirigida a los aficionados en la que denuncia supuestas irregularidades y falta de transparencia durante la operación.
Según Siles, su oferta vinculante, presentada en consorcio con el empresario Dimas de Andrés, no fue debidamente comunicada al consejo ni a los accionistas, incumpliendo el código interno del club y vulnerando la obligación de priorizar el interés de la entidad por parte de los consejeros. Su propuesta, enviada el viernes tras ser mejorada, contempla pagar 6,8 millones de euros por el cien por cien del capital, inyectar 2 millones de euros en nuevo capital y comprometerse a 26 millones en patrocinios.
En contraste, el Club comunicó el mismo viernes que había alcanzado un acuerdo el jueves para vender la sociedad a Diego Megía, socio del fondo Taula Capital, con un pago de 6,6 millones por el capital y compromisos adicionales que ascenderían hasta los 15 millones. Aunque los detalles completos se presentarán este miércoles, la estructura de la oferta difiere radicalmente a la de Siles, al apostar Megía por ampliaciones de capital en lugar de patrocinios, fórmula que este último defiende para evitar la dilución de los accionistas actuales.
Otro punto de conflicto citado por Siles es la residencia fiscal de los implicados. El directivo de IFM remarca que él y su socio tienen residencia fiscal en España, mientras que Megía estaría domiciliado en Jersey, un territorio dependiente de la Corona británica en el canal de la Mancha. Según documentos registrados en el Reino Unido, Megía declaró en enero de 2024 su residencia en esa isla, lo que genera dudas respecto a la transparencia y regulación fiscal que rodean la operación.
En cuanto a normativa, ningún impedimento legal veta que un inversor extranjero adquiera una sociedad anónima deportiva española, pero la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) es necesaria para la entrada de accionistas con más del 25% del capital. Este organismo puede vetar la operación si considera que afecta la integridad de la competición.
Siles ha solicitado al CSD que investigue el proceso para garantizar la legitimidad de la transacción y mantiene abierta su oferta a los accionistas minoritarios, que controlan cerca del 33% del capital del Estudiantes. Este grupo puede influir notablemente en el desenlace de la compra, puesto que su apoyo es crucial para validar cualquier propuesta.
Este episodio refleja la complejidad y la sensibilidad que conlleva la adquisición de clubes deportivos en España, donde la transparencia, el control institucional y los intereses económicos se entrecruzan en escenarios de alta competición y gestión deportiva.
El Estudiantes, con una rica historia en la Liga ACB y gran base de seguidores, afronta una etapa decisiva en su propiedad que definirá su futuro deportivo y financiero, mientras los protagonistas del conflicto buscan consolidar su posición entre potenciales compradores.
Para más información sobre normativa deportiva y procesos similares, se puede consultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al sitio oficial del Consejo Superior de Deportes.