Los recientes cambios en la dirección de Indra, con Ángel Simón como presidente y Josep María Recasens como CEO, han sido determinantes para reactivar las negociaciones con Santa Bárbara Sistemas. Ambas compañías, que hasta ahora mantenían diferencias por la adjudicación de contratos de artillería valorados en 7.240 millones de euros, estudian la creación de una joint venture que permita desbloquear la situación.
Los contratos en cuestión fueron adjudicados a dos uniones temporales de empresas (UTE) compuestas por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), pero Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional reclamando su participación. La propuesta principal en negociación consiste en que la filial de vehículos blindados de Indra, Indra Land Vehicles, controle el 51% del capital de la nueva empresa, mientras Santa Bárbara adquiriría el 49% restante.
Actualmente, en los contratos de artillería de ruedas Indra posee el 34,44% y EM&E el 65,56%. En el programa de artillería de cadenas, Indra controla el 57,11% y EM&E el 42,89%. Las conversaciones también apuntan a que Santa Bárbara podría negociar su porcentaje en estas UTEs, mientras que EM&E continuaría supervisando la estación de armas. Fuentes cercanas anticipan que la entrada de Santa Bárbara en estos programas es prácticamente segura, aunque existen distintos formatos para hacerlo efectivo.
Indra ya tiene acuerdos con firmas internacionales que complican el papel de Santa Bárbara en algunos aspectos. Por ejemplo, para la artillería de cadenas, Indra trabaja con la surcoreana Hanwha para usar la plataforma K9, lo que limita el control de Santa Bárbara en la fabricación de las barcazas, salvo que Indra revoque este acuerdo. En el programa de ruedas, Indra ultima alianzas con Rheinmetall y MAN para sus vehículos. Santa Bárbara sostiene que es la única empresa española con la capacidad para producir estos sistemas y criticó al Ministerio de Defensa por adjudicar ambos contratos a Indra y EM&E, que carecen de experiencia en este campo.
La disputa legal comenzó a finales del año pasado cuando Santa Bárbara presentó recursos en el Tribunal Supremo, en el Ministerio de Defensa y finalmente en la Audiencia Nacional para paralizar los contratos y los anticipos de 3.000 millones que el Gobierno había reservado a Indra y EM&E. No obstante, el reciente relevo en la dirección de Indra ha facilitado un acercamiento que podría concretarse en días.
La joint venture prevista no solo busca resolver el litigio, sino también aprovechar la experiencia industrial y la capacidad de entrega rápida que tiene Santa Bárbara en España, lo cual es crucial dada la urgencia en la producción y entrega de material militar. Esta alianza podría ser una solución estratégica para optimizar recursos y cumplir los plazos del Gobierno.
Este acuerdo llega en un momento complicado para Santa Bárbara, que a comienzos de 2026 realizó despidos en su planta de Alcalá de Guadaíra debido a la reducción de carga de trabajo tras cancelar el Ministerio de Defensa contratos clave para la empresa. En caso de no mejorar la situación, la compañía considera más recortes laborales tanto en Andalucía como en su fábrica en Trubia (Asturias).
La tensión entre Indra y Santa Bárbara se intensificó en marzo de 2025 cuando Ángel Escribano, entonces presidente de Santa Bárbara, mostró interés en comprar la planta de Trubia. General Dynamics rechazó la oferta, dado que la planta es esencial para la producción del vehículo blindado 8x8 Dragón y por la fuerte inversión en defensa.
La situación empeoró con la adjudicación de los programas militares a Indra y EM&E, considerados proyectos estratégicos para el Gobierno, que buscan impulsar a Indra como campeón nacional en defensa. Santa Bárbara formalizó entonces su disputa legal y administrativa, que ahora parece encaminada a resolverse con la posible joint venture, una decisión que podría marcar un hito en la industria militar española.
Para más información, puede consultarse el seguimiento del caso en Expansión.