Francisco González, expresidente de BBVA, y Ángel Cano, ex consejero delegado de la entidad, han solicitado formalmente a la Audiencia Nacional que se suspendan los plazos para presentar escritos de defensa en el conocido como caso Villarejo. La petición se basa en la detección de diversas "incidencias" y omisiones en la documentación facilitada para el juicio, que consideran afectan la preparación adecuada de su defensa.

El magistrado Antonio Piña, que instruye el proceso, había concedido un plazo de diez días para que los acusados presentaran sus escritos de defensa tras recibir las acusaciones. Sin embargo, tanto González como Cano, junto con Eduardo Arbizu, ex director general de Servicios Jurídicos, han pedido que ese plazo quede paralizado hasta que se resume la situación con la documentación que aseguran no ha sido actualizada desde mayo de 2023 en la plataforma Cloud de la Audiencia.

La denuncia señala que la falta de documentos importantes limita el derecho de defensa y vulnera el principio de igualdad de armas, por lo que reclaman que la documentación omitida se incorpore y sea accesible a todas las partes. Además, González se adhiere a la petición del banco BBVA, que también figura como acusada, para ampliar el plazo mínimo a 87 días, un período equivalente al que han tenido las acusaciones para preparar sus escritos.

La causa, que lleva años en instrucción, tiene en el banquillo a BBVA como persona jurídica, su expresidente, y otros 14 imputados entre los que se encuentran ex directivos del banco y mandos policiales retirados como el comisario José Manuel Villarejo. Se investigan delitos de cohecho y revelación de secretos asociados a operaciones vinculadas al banco.

A pesar de los avances en la presentación de escritos de defensa a mediados de julio, no se ha fijado aún fecha para el juicio. Expertos legales consultados consideran probable que la Audiencia Nacional acepte la suspensión y ampliación de plazos para garantizar un proceso justo y equilibrado. De hecho, la justicia ya amplió en dos ocasiones los plazos para que las partes acusadoras pudieran preparar sus escritos, lo que refuerza la petición de los acusados.

Este proceso forma parte de la macrocausa Tándem, que incluye varias piezas judiciales ligadas a las actuaciones del comisario Villarejo. Los próximos pasos clave son la resolución sobre esta solicitud de suspensión y ampliación, la presentación final de los escritos de defensa y la eventual fijación de una fecha para el juicio, que según fuentes judiciales se abrirá más allá de 2027.

La importancia de este caso radica en las acusaciones contra una de las entidades financieras más relevantes de España y en el hecho de que varias figuras prominentes estén implicadas. La cautela en la administración del proceso apunta a evitar errores que podrían afectar la validez de las actuaciones judiciales. La petición de González y Cano refleja la complejidad y la duración de esta investigación en curso.

Para más información sobre el caso Villarejo y sus desarrollos legales, se puede consultar el seguimiento en medios especializados como EXPANSIÓN. También es relevante conocer las normas procesales que regulan los derechos de defensa en la Audiencia Nacional, disponibles en el sitio oficial del Consejo General del Poder Judicial.

En conclusión, la solicitud de suspensión refleja la tensión entre la necesidad de un procedimiento ágil y el respeto a las garantías procesales fundamentales en un caso que sigue generando atención social y judicial significativa.