Glovo ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 436 repartidores en España, significativamente menos que los hasta 750 inicialmente previstos. Este ajuste en la cifra de trabajadores afectados responde a las negociaciones que han logrado limitar el impacto del recorte y preservar el servicio en varias ciudades que estaban en riesgo de perder la operativa de reparto.
El expediente había sido propuesto en marzo de 2026 por la compañía, que alegó la necesidad de reducir operaciones en diversas provincias para evitar el cierre de su servicio. Glovo, con sede en Barcelona y propiedad del grupo alemán Delivery Hero, ha explicado que la reducción responde a la adaptación de su modelo de negocio ante las dificultades que afronta el sector. En un principio, el ERE contemplaba la salida de 750 repartidores repartidos en 60 ciudades españolas.
Tras un periodo intenso de consultas con los representantes de los trabajadores, se ha acordado rebajar el número de afectados en más de 300 personas. De los 436 repartidores afectados, 68 podrían evitar el despido si aceptan ser trasladados a municipios con mayor población, ubicados aproximadamente a 19 kilómetros de su lugar de trabajo original. Esta medida busca reducir el impacto social y la pérdida de empleo en zonas donde se mantenga la viabilidad del servicio.
Los sindicatos han destacado la preservación de nueve municipios que iban a quedar sin reparto, entre ellos Santander (Cantabria), Cullera (València) y Telde (Las Palmas). Evitar la suspensión total del servicio en estas localidades ha sido uno de los objetivos centrales en las negociaciones, alineándose con la estrategia de la compañía para consolidar su presencia en mercados clave.
Sobre las condiciones económicas del despido, Glovo ha acordado con los sindicatos ofrecer indemnizaciones de 37 días por año trabajado, cuatro días más que el máximo legal fijado en el Estatuto de los Trabajadores para despidos improcedentes. En aquellos lugares donde no haya opciones de recolocación para los repartidores, la indemnización aumentará hasta 42 días por año trabajado, con el objetivo de mitigar el impacto económico para los afectados.
Esta regulación llega menos de un año después de que Glovo cambiase su modelo operativo y emplease directamente a sus repartidores, que previamente trabajaban en régimen de autónomos. Este cambio se produjo después de años de litigios con el Gobierno español y la Inspección de Trabajo, que sancionaron a la empresa por incumplimiento de la legislación laboral en materia de contratación y condiciones de trabajo. La transformación del modelo buscaba evitar nuevas multas millonarias y mejorar la seguridad laboral de los mensajeros.
Actualmente, Glovo cuenta con cerca de 21.000 repartidores tanto contratados directamente como a través de flotas subcontratadas. La empresa se enfrenta a un escenario complejo, marcado por cambios regulatorios, competencia creciente y ajustes internos para optimizar su estructura de costes.
Estas medidas forman parte de un contexto más amplio en el sector de la distribución y las plataformas digitales, que están sometidas a una regulación que ha buscado proteger los derechos laborales de los trabajadores, especialmente tras la reforma de la ley y las sentencias recientes que afectan a la contratación de los llamados "riders". Países como Francia, Italia y España han liderado estos cambios, que han obligado a las empresas a adaptar sus modelos de negocio y estructuras laborales.
El ERE de Glovo es un ejemplo del equilibrio que buscan estas compañías entre la sostenibilidad financiera y la respuesta a la demanda social y laboral. La compañía ha reforzado en sus comunicaciones que este paso es necesario para garantizar la continuidad de su servicio en España y para ajustar su operativa a un mercado cada vez más exigente.
Fuentes oficiales y expertos del sector subrayan que este tipo de ajustes serán una constante en los próximos años, ya que las empresas tecnológicas deben conciliar las presiones regulatorias con la necesidad de mantener la rentabilidad y el servicio al cliente. Para Glovo, la reestructuración representa un cambio profundo tras la fase de expansión acelerada y ajustes legales.
Este proceso también pone de relieve la relevancia de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores en sectores emergentes, y la importancia de mantener canales abiertos de diálogo para encontrar soluciones que minimicen el impacto social de estas reestructuraciones.
Para conocer más detalles, puede consultarse la información publicada por El País y el Ministerio de Trabajo, que supervisa la vigencia y cumplimiento de estas negociaciones.
Glovo enfrenta ahora el desafío de implementar estas medidas en los próximos meses, con la mirada puesta en estabilizar su plantilla y su posición en un mercado estratégico para su expansión europea.
La empresa apuesta por mantener su liderazgo en el sector de la distribución a domicilio, pero sus próximos movimientos marcarán cómo se adapta a un entorno marcado por la normativa laboral y la exigencia de nuevos modelos de negocio más sostenibles y responsables.