El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha recomendado al Gobierno que elimine las rebajas fiscales generales aplicadas a la electricidad y la gasolina. Esta recomendación forma parte de una serie de propuestas para el nuevo decreto anticrisis que se presentará próximamente para mitigar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Próximo.

En un documento entregado al Ejecutivo, Gestha argumenta que las medidas vigentes desde marzo de este año, que implicaron una reducción del IVA en electricidad y en el Impuesto de Hidrocarburos, han supuesto un coste fiscal de 5.000 millones de euros. Aunque el objetivo fue aliviar el gasto energético de los hogares, el sindicato señala que estas rebajas se han mostrado regresivas y poco eficientes.

El motivo principal es que estos descuentos generalizados benefician más a las rentas altas, que suelen tener viviendas más grandes y mayor número de vehículos con elevados consumos, frente a los hogares vulnerables. Además, estas reducciones tienden a ser absorbidas parcialmente por los márgenes de las empresas distribuidoras y comercializadoras, diluyendo el impacto real sobre los usuarios.

Asimismo, Gestha recuerda que la Comisión Europea advirtió en abril que este tipo de bonificaciones podrían contravenir la normativa comunitaria, por lo que aconseja que las ayudas se orienten a grupos más específicos, como personas en situación vulnerable, agricultores y transportistas, cuyos costes energéticos han aumentado con más intensidad.

En concreto, los técnicos de Hacienda sugieren no renovar las rebajas generales en el Impuesto sobre Hidrocarburos ni el IVA aplicable a gas natural, briquetas, pellets y carburantes. En cambio, apoyan mantener temporalmente las reducciones vigentes para el gasóleo agrícola y los apoyos directos de dos euros por litro para productores agrarios y transportistas.

Respecto a la electricidad, Gestha plantea que decaigan las rebajas de IVA para contratos con potencia contratada inferior a 10 kilovatios, ya que actualmente no se condicionan por nivel de ingresos o patrimonio. Solo deberían conservar el beneficio quienes disfruten del bono social de electricidad, con reconocida condición de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

El documento también destaca la necesidad de mantener de forma estructural los incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF a la producción y uso de energías renovables y combustibles alternativos, para avanzar en la transición energética y reducir la dependencia del gas y petróleo.

Gestha plantea que el ahorro para las arcas públicas generado por la eliminación de las rebajas generales se destine a ayudas directas focalizadas. Según indican, la experiencia previa tras la retirada de la bonificación general de 20 céntimos en 2022 mostró que concentrar apoyos en sectores como transportistas y agricultores fue más eficiente, logrando bajadas de hasta el 14% en el precio neto del gasóleo.

Por último, el sindicato propone la imposición temporal del teletrabajo al menos tres días a la semana para reducir el consumo de combustibles. Calculan que esta medida puede ahorrar entre un 2% y un 6% de combustible por trabajador, lo que se traduciría en un ahorro mensual aproximado de 35 euros.

Gestha concluye su informe instando a aprovechar los fondos europeos para consolidar la independencia energética de España y proteger con garantías a los colectivos más afectados, sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria. La propuesta abre el debate sobre cómo equilibrar la contención del gasto público con la necesidad de fomentar una política energética socialmente justa y ambientalmente sostenible.

Este análisis coincide con recientes alertas del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la necesidad de revisar incentivos y estructurar mejor las políticas fiscales vinculadas a la energía para evitar desajustes y distorsiones en el mercado, tal como reporta EXPANSIÓN. También la Comisión Europea ha marcado pautas claras en su recomendación sobre ayudas estatales en el contexto energético, enfatizando la focalización en sectores vulnerables para evitar impactos negativos en la competencia regional.

Con esta propuesta, el Gobierno deberá sopesar el impacto político y social de reducir beneficios fiscales de amplio espectro, especialmente en un contexto de inflación y volatilidad energética creciente. Para jóvenes consumidores y usuarios medios, la eventual pérdida de estas rebajas podría influir en su coste de vida inmediato, pero la dirección apuntada busca aumentar la equidad y eficacia en el uso de los recursos públicos.

En definitiva, la propuesta de Gestha apunta a un ajuste significativo en la política de ayudas fiscales energéticas en España, con un enfoque más selectivo y orientado a la sostenibilidad social y económica a medio y largo plazo.