La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha presentado una propuesta para implantar un impuesto sobre servicios digitales a nivel comunitario con el objetivo de financiar el presupuesto europeo entre 2028 y 2034.

Este gravamen afectaría a empresas digitales que facturen más de 750 millones de euros anuales a nivel global y que generen al menos 50 millones en la Unión Europea. La tasa planteada oscila entre el 3% y el 5%, lo que podría suponer una recaudación de entre 20.600 y 42.900 millones de euros anuales.

El Parlamento sostiene que esta tasa, a diferencia de las actuales en países como España, Francia o Italia, ampliaría su alcance más allá de la publicidad digital para incluir actividades como comercio electrónico entre empresas y consumidores, servicios de streaming y computación en la nube. De esta forma, se busca un impuesto más integral y menos fragmentado que beneficie al presupuesto comunitario, conocido como Marco Financiero Plurianual (MFF).

Los eurodiputados defienden que esta iniciativa ofrecería a la UE una fuente propia de ingresos con alta visibilidad y plantean que este impuesto aportaría entre el 10 % y el 22 % del presupuesto actual europeo. Además, enfatizan que un impuesto de este tipo podría mejorar la competitividad evitando barreras comerciales y discriminación hacia las compañías europeas.

Aunque la Comisión Europea también explora impuestos digitales, su enfoque es más conservador, estimando una recaudación de unos 5.000 millones anuales, basada en la extrapolación de los impuestos nacionales vigentes. En contraste, el Parlamento Europeo propone una medida más agresiva, considerando el mercado europeo como un activo significativo frente a las grandes tecnológicas.

Esta propuesta enfrenta desafíos políticos, dado que la fiscalidad sigue siendo competencia de los Estados miembros y que el Parlamento solo puede votar a favor o en contra del presupuesto comunitario. No obstante, el apoyo de principales grupos políticos europeos como el Partido Popular Europeo y Socialistas y Demócratas refuerza la presión para que esta iniciativa avance.

Además, la Eurocámara considera otros impuestos europeos relacionados con sectores emergentes, como el juego online y las criptomonedas, buscando diversificar las fuentes de ingresos del presupuesto comunitario.

Un aspecto relevante es la posible tensión diplomática con Estados Unidos, donde tienen sede muchas de las grandes tecnológicas afectadas. La imposición de este impuesto puede reavivar las disputas arancelarias y comerciales que ya surgieron en años anteriores por gravámenes digitales nacionales. La propuesta europea intenta mitigar este riesgo con un impuesto común que evitaría sanciones individuales a países miembros, aunque podría provocar una respuesta conjunta desde Estados Unidos.

Históricamente, la UE ha intentado coordinar con la OCDE un impuesto global a los servicios digitales, iniciativa que ha quedado estancada. Ante esta paralización, la Unión ha tenido que explorar medidas unilaterales para mantener la recaudación fiscal en el contexto de la digitalización y la economía global.

El debate sobre el impuesto digital europeo continuará en los próximos meses, con la posibilidad de que la Eurocámara utilice su influencia para bloquear el Marco Financiero Plurianual si no se incorporan estas nuevas fuentes de ingresos. El resultado repercutirá no solo en la política fiscal europea sino en la relación con las grandes tecnológicas y sus países de origen.

Puede consultarse más información en fuentes oficiales como el Parlamento Europeo y análisis especializados publicados en Expansión.