España, Francia e Italia han unido fuerzas para reclamar una reducción significativa en los poderes regulatorios del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Según un documento conjunto al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, estos países advierten sobre una "inflación regulatoria" que afecta a la banca europea debido a normativas que superan lo previsto por las leyes.

El término "inflación regulatoria" alude a la acumulación de normativas técnicas y guías que van más allá del marco legal establecido, especialmente de las capas de regulación denominadas nivel 2 (desarrollos técnicos de la EBA) y nivel 3 (orientaciones y recomendaciones no vinculantes del BCE). España, Francia e Italia aseguran que esta sobrecarga normativa dificulta la competitividad y genera inseguridad jurídica en el sector bancario.

Para afrontar esta problemática, los tres países proponen que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aumenten su papel en la revisión de los estándares técnicos de la EBA. Insisten en la necesidad de realizar evaluaciones de impacto antes y después de la implementación de reglas, que consideren factores como la carga normativa acumulada y la comparación internacional. Además, sugieren que estas evaluaciones sean confiadas a académicos o expertos de mercado para garantizar mayor rigor y objetividad.

Respecto a la regulación de nivel 3 del BCE, aunque no tiene carácter vinculante, los países alertan de que sus expectativas de supervisión pueden actuar como reglas de facto, generando costes elevados y confusión en la interpretación. Por ello, piden que los supervisores justifiquen que sus guías y exigencias se limitan al mínimo necesario para cubrir riesgos y preservar la estabilidad financiera. También reclaman que se introduzca la obligación de consultar a las entidades financieras antes de imponer cambios en sus prácticas.

Otra de las propuestas destacadas es la creación de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad. Este organismo independiente asesoraría al Consejo de Supervisión del BCE y a la Junta Única de Resolución (JUR), con el objetivo de evaluar de manera global el impacto de sus recomendaciones sobre la banca, buscando equilibrar la estabilidad con la competitividad.

Además, España, Francia e Italia abogan por contemplar legalmente el derecho de las entidades bancarias a impugnar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las guías generales emitidas por las autoridades bancarias. Esta medida fortalecería el control judicial y la seguridad jurídica en un contexto donde, aunque las decisiones del BCE ya pueden ser cuestionadas ante el TJUE, pocas entidades lo hacen.

El documento indica que, aunque las directrices y expectativas de supervisión pueden ser útiles para lograr la convergencia normativa, no deben transformarse en normas paralelas que generen cargas excesivas. Señalan que la complejidad normativa actual aumenta costes y reduce la flexibilidad, desviando recursos que podrían destinarse a la innovación y la financiación.

Pese a la relevancia de estas críticas, tanto el BCE como la EBA han optado por no comentar este planteamiento público, que todavía se encuentra en fase de consenso entre los países implicados.

Una de las reivindicaciones centrales de España, Francia e Italia consiste en introducir un segundo mandato explícito para el BCE y la EBA que contemple la competencia y competitividad del sector bancario en sus decisiones regulatorias. Esta propuesta responde a la petición histórica del sector financiero para que las autoridades tengan presente el impacto económico y no solo la estabilidad, promoviendo así normativas más equilibradas y proporcionales.

Este enfoque, similar al que aplica el Banco de Inglaterra desde hace años, es rechazado actualmente por el BCE y la EBA, que defienden su misión sin necesidad de ampliar sus objetivos.

La reforma bancaria europea está en un punto de inflexión en el que la presión conjunta de grandes países busca equilibrar regulación, estabilidad y competitividad para asegurar un sector financiero europeo más sólido y eficiente.