La selección española de fútbol ha logrado un respiro en un frente judicial ajeno al terreno de juego. Un tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos ha denegado solicitudes para que proveedores de la Roja, como Adidas o Hilton, entreguen información financiera relacionada con el Mundial y vinculada a demandas por el recorte de primas a las renovables.

La disputa surge de la reclamación de acreedores, en concreto el fondo Blasket, que persiguen cobrar laudos arbitrales por más de 2.300 millones de euros derivados del polémico recorte a las subvenciones de energías renovables en España. Blasket intentaba obtener detalles de pagos o relaciones comerciales entre los proveedores oficiales del equipo nacional y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para identificar activos susceptibles de embargo.

El juez John Bates, encargado del caso, ha ordenado modificar las citaciones enviadas a los proveedores, concluyendo que Blasket no demostró que la RFEF o la selección sean una extensión directa del Estado español. A pesar de que la federación recibe subvenciones públicas y debe en determinados aspectos la aprobación estatal, opera con autonomía bajo una dirección elegida por sus miembros y administra su propio presupuesto.

Esta decisión supone un alivio para España en su defensa legal después de que un fallo anterior en noviembre de 2025 reconociera la obligación del Estado de pagar más de 47 millones de dólares a Infrared, otro inversor afectado por los recortes. No obstante, la resolución del juez es parcial ya que se ha aplazado el pronunciamiento sobre las peticiones dirigidas a bancos que gestionan servicios financieros del Estado y sus organismos, asunto que forma parte de otro procedimiento paralelo.

Blasket continúa activando varias vías legales para rastrear y embargar posibles activos mexicanos o estadounidenses del Estado español vinculados a las demandas por renovables. Según Matthew McGill, socio del bufete que representa a Blasket, aunque esta decisión reduce temporalmente las opciones de los acreedores, no elimina su derecho a solicitar información financiera global mientras las sentencias sigan pendientes.

El contexto de esta disputa es un problema complejo para el Gobierno español, que ha visto cómo el importe reclamado por los inversores afectados por el recorte de primas a las renovables no deja de crecer. En total, se cuentan ya 28 laudos adversos en procedimientos arbitrales que suman más de 2.300 millones de euros entre indemnizaciones, intereses y costas judiciales.

España ha logrado limitar el importe inicial exigido gracias a la estrategia jurídica de su Abogacía del Estado y el apoyo de la firma Sidley Austin. Pese a ello, la resolución del tribunal estadounidense supone un respaldo importante al Estado en un entorno especialmente delicado, ya que el Mundial de fútbol transcurre en Estados Unidos y Canadá y las presiones legales se multiplicaban vinculadas a ese escenario.

Esta controversia refleja el impacto a largo plazo de las decisiones regulatorias sobre las energías renovables y cómo pueden desencadenar litigios internacionales vinculados con activos estatales y empresas que operan en ámbitos muy distintos, desde el deporte hasta la hostelería. La batalla judicial sigue abierta y puede tener más episodios según se resuelvan nuevos procesos arbitrales y se mantenga la presión de los acreedores.

En este contexto, España debe mantener una defensa firme mientras avanza en la revisión y eventual reforma del sector renovable para evitar futuros conflictos similares. La protección judicial de algunos activos vinculados a la selección española es un respiro, pero el desafío económico y legal continúa sobre el horizonte.