El Tribunal Constitucional español no resolverá hasta septiembre o octubre el recurso presentado por Carles Puigdemont contra la negativa del Supremo a aplicarle una amnistía por el delito de malversación.

La espera se debe a la necesidad de estudiar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), previsto para el 16 de julio. Este fallo abordará las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad contable de Puigdemont, Artur Mas y otros expresidentes catalanes. También analizará la acusación de terrorismo a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Fuentes jurídicas consultadas descartan que el Constitucional aborde el recurso en el pleno del 20 de julio, último antes del receso judicial anual. Además, su agenda quedará cerrada antes de que se conozca la sentencia europea. Por ello, se estima que la decisión se pospondrá hasta el otoño, cuando el Constitucional haya evaluado detenidamente el impacto del fallo del TJUE.

Esta sentencia europea es crucial para el futuro jurídico de Puigdemont, ya que podría marcar un antes y un después en la interpretaciónde la norma que rige la amnistía y su aplicación. El Constitucional deberá analizar el texto y fundamentación de la sentencia para decidir cómo tramitará el recurso, un proceso que, según fuentes jurídicas, llevará tiempo y dependerá de la concreción de las resoluciones del TJUE.

La opinión previa del abogado general Dean Spielmann, publicada en noviembre pasado, avalaba la ley de amnistía en un contexto de reconciliación política y social. Destacaba que no existía un vínculo directo entre los gastos derivados del procés y un daño a las finanzas europeas, en contraste con la interpretación del Supremo. Aunque esa opinión no es vinculante, suele anticipar la orientación que adopta el TJUE en sus sentencias.

Mientras se espera el fallo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado defienden que Puigdemont debería beneficiarse de la amnistía. Critican que el Tribunal Supremo interpretó la norma de forma "irreazonable y arbitraria" al negar la amnistía para el delito de malversación.

No obstante, incluso si el Constitucional fallara a favor del expresidente catalán, será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra en la aplicación efectiva de esa decisión.

De momento, Puigdemont continúa impedido de regresar a España debido a que el Tribunal Constitucional confirmó en enero, por mayoría abrumadora, la vigencia de la orden de detención nacional que pesa en su contra mientras se resuelve su recurso de amparo.

Este escenario jurídico sigue marcando el pulso político entre las instituciones españolas y los líderes independentistas, quienes buscan un pronunciamiento que desbloquee la situación y permita un escenario de reconciliación y normalización política.

La expectativa está puesta en la sentencia del TJUE, que no solo afectará al caso concreto de Puigdemont, sino también al tratamiento de la responsabilidad contable y penal en casos de naturaleza similar, con consecuencias relevantes para la política catalana y española.

Para más información sobre el desarrollo del proceso judicial y sus implicaciones políticas, se puede consultar el seguimiento en El País y El Confidencial. Además, el comunicado oficial del Tribunal Constitucional se encuentra disponible en su web oficial.