La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio por finalizada la investigación sobre la venta del 14,3% de Indra que realizaron los Escribano, operación que generó para la familia 195 millones de euros netos. Esta conclusión se produjo tras recabar toda la información necesaria sobre las condiciones concretas de la transacción, según confirmó el Gobierno en una respuesta parlamentaria a Vox.
EM&E, la matriz de la empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering, salió del capital de Indra a través de una colocación acelerada en el mercado. Según fuentes cercanas, el traspaso de acciones fue debidamente notificado, lo que descartaría irregularidades en la operación bajo la mirada del supervisor bursátil.
Los Escribano financiaron inicialmente la adquisición del 8% de Indra en 2023, valorada en 192,54 millones de euros, mediante un acuerdo con JP Morgan. Para garantizar el préstamo, pignoraron esas acciones y contrataron un derivado financiero que protegía su inversión ante las fluctuaciones del valor de las acciones, conocido como "Equity Collar". Este mecanismo limitaba las pérdidas si el precio bajaba y las ganancias si subía por encima del 125% de la referencia.
En diciembre de 2024, la familia amplió su participación al 14,3%, para lo que renegociaron la financiación con JP Morgan, cancelando el préstamo anterior y firmando uno nuevo por alrededor de 372 millones de euros con condiciones de dos años de carencia y amortización hasta 2029. También instalaron otro derivado para cubrir riesgos similares.
La operación, detallada en las cuentas de EM&E depositadas en el Registro Mercantil en 2024, permitió a la familia Escribano obtener unas ganancias netas totales de 195 millones tras saldar todas sus posiciones financieras ligadas a Indra.
Esta participación significativa no solo fortaleció el modelo de negocio de EM&E, sino que también le abrió la puerta a negociaciones en proyectos clave del sector Defensa español. De hecho, EM&E e Indra formaron uniones temporales de empresas (UTE) para adjudicarse contratos de artillería públicos valorados en más de 7.200 millones. Estas adjudicaciones enfrentan actualmente disputas legales con Santa Bárbara Sistemas, aunque existen indicios de negociación para resolverlas.
Sobre la labor de la CNMV, el Gobierno subrayó que el organismo supervisa continuamente a todas las cotizadas, incluido Indra, pero limita sus competencias a cuestiones de transparencia y reporte, sin intervenir en decisiones empresariales internas. La CNMV evaluó la información aportada y decidió no adoptar medidas adicionales.
La respuesta oficial se centró exclusivamente en aclarar el papel de la CNMV, sin abordar otras preguntas de Vox sobre la posible implicación de la Sepi en la salida de EM&E del accionariado ni el papel de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en la previa fusión entre Indra y EM&E.
Por su parte, la operación estudiada emerge en un contexto donde la vigilancia de los movimientos accionarios en empresas estratégicas, como Indra, es clave para evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia en el mercado, especialmente cuando están involucradas entidades públicas o proyectos sensibles para la Defensa nacional.
La conclusión de la CNMV cierra esta investigación, apuntando a que no se detectaron irregularidades en la venta de la participación que condujo a la familia Escribano a un resultado económico favorable, acorde a la normativa vigente vigente en los mercados financieros.
Para ampliar detalles sobre la supervisión y actuaciones de la CNMV sobre las cotizadas españolas, se puede consultar su página oficial CNMV. Asimismo, los informes financieros de EM&E están disponibles en el Registro Mercantil español.
Esta operación sirve de ejemplo sobre la complejidad financiera en las grandes transacciones corporativas, donde la combinación de mecanismos de financiación sofisticados y la supervisión regulatoria buscan mantener la integridad y transparencia del sistema bursátil español.