La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado el proceso para sustituir la regulación tradicional que controla el acceso de las telecos rivales a las canalizaciones de Telefónica, conocidas en el sector como ductos, por un sistema basado en compromisos voluntarios ofrecidos por la propia operadora. Esta medida, que aún debe pasar por un largo período de consultas y evaluaciones, permitiría a Telefónica incrementar las tarifas de alquiler de estos ductos en cerca de un 110% al término de un plazo de cinco años.
Actualmente, Telefónica genera alrededor de 130 millones de euros anuales con esta actividad. La propuesta elevaría esos ingresos a unos 273 millones al final del periodo, casi duplicándolos sin que ello suponga costes adicionales, lo que incrementaría notablemente su rentabilidad y generación de caja.
Si la CNMC elimina la regulación conocida como MARCO, que es la última normativa regulatoria vigente que afecta al operador histórico tras levantar en 2025 las restricciones sobre la red de fibra, quedaría libre el negocio de las canalizaciones, el último sector intervenido del operador. La propuesta de Telefónica contempla un mecanismo de actualización anual de precios, con subidas más elevadas en los primeros años y menores hacia el final del quinquenio.
Este cambio ha generado un fuerte rechazo entre los principales competidores de Telefónica, afectados directamente por el encarecimiento del acceso a esos ductos. Empresas como Masmóvil, Vodafone, Digi y el mayorista PremiumFiber, entre otros, han enviado denuncias a la Comisión Europea alertando del riesgo de un “remonopolio” en este segmento, dado que el mercado del alquiler de ductos está dominado casi en exclusiva por Telefónica. Los despliegues alternativos sobre infraestructuras de terceros son económicamente inviables para la mayoría, lo que dificulta la competencia efectiva.
El sector prevé que esta medida provoque un conflicto legal y político intenso, con movilizaciones ante entidades regulatorias tanto nacionales como europeas. En especial, las empresas mayoristas que revenden servicios a otros operadores se ven especialmente perjudicadas, al representar el coste de los ductos una proporción sustancial de sus gastos totales. Esto puede afectar sus planes de expansión y viabilidad financiera, especialmente para inversores internacionales implicados recientemente en el mercado español.
Por ejemplo, Digi, que busca ampliar su cobertura de fibra desde 14,2 millones de hogares hasta 21 millones en los próximos años, podría ver afectados sus márgenes y capacidad de inversión debido al incremento de estas tarifas. Las compañías podrían verse forzadas a ajustar precios o ralentizar despliegues.
La propuesta de Telefónica supera las expectativas iniciales del regulador, que barajaba incrementos entre el 60% y el 80% en cinco años, pero es menos agresiva que la oferta inicialmente planteada por la operadora, que pretendía aproximadamente triplicar los precios. Telefónica argumenta que, desde la implantación de la normativa MARCO hace más de una década, los precios de alquiler de ductos han experimentado una trayectoria claramente deflacionista, con bajadas periódicas que han situado el nivel actual en un 61% respecto a los valores de 2011.
Además, la compañía defiende que incluso con estos aumentos, las tarifas españolas se mantendrían por debajo de las que actualmente aplican operadores como Orange en Francia. Este dato es estratégico para contrarrestar las críticas de sus rivales y para contextualizar su propuesta en un entorno europeo donde la regulación y las infraestructuras varían considerablemente entre países.
Este proceso todavía está lejos de resolverse. La CNMC debe realizar una consulta pública y someter la iniciativa al análisis de la Comisión Europea, reguladores nacionales europeos y otros órganos consultivos. Es probable que la versión final sufra modificaciones significativas debido a estas consultas y a la renovación en la composición del consejo regulador.
En definitiva, la iniciativa de la CNMC y Telefónica pone sobre la mesa un debate crucial para el sector de las telecomunicaciones en España: el equilibrio entre incentivar la inversión y mantener condiciones competitivas para las empresas alternativas que impulsan la extensión de la fibra óptica en el país. El desenlace marcará la dinámica de la competencia en un mercado clave para la digitalización y conectividad española.