Capgemini ha abierto formalmente el proceso de negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que podría afectar a un máximo de 748 trabajadores, el equivalente al 7% de su plantilla en el país. La primera reunión con los representantes sindicales tuvo lugar este jueves, y en ella la compañía desveló que su equipo en España está compuesto por un total de 11.000 personas distribuidas en oficinas de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vitoria, Valencia, Sevilla, Valladolid, Málaga, Oviedo, Murcia y Cádiz, entre otras ciudades.
El detonante oficial del recorte es la aceleración del cambio tecnológico, con la inteligencia artificial como protagonista. Capgemini, una de las mayores consultoras tecnológicas del mundo con sede en Francia, justifica la reestructuración por la necesidad de adaptar sus capacidades internas a un entorno donde la demanda de los clientes evoluciona a un ritmo que, según la empresa, ya no encaja con la estructura de plantilla actual. En pocas palabras: la automatización de procesos que antes requerían equipos humanos numerosos está reduciendo la necesidad de perfiles técnicos de determinado tipo.
Este tipo de ajuste no es exclusivo de Capgemini. En los últimos dos años, grandes compañías tecnológicas y consultoras de todo el mundo han anunciado recortes significativos de empleo argumentando precisamente la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial generativa. Lo que diferencia el caso español es su escala relativa: un 7% de la plantilla local es un porcentaje relevante, aunque dentro del rango habitual en procesos de este tipo en el sector.
En términos económicos, Capgemini cerró 2024 con una facturación de 700 millones de euros en España, según los últimos datos disponibles de la propia compañía. Esa cifra convierte al mercado español en uno de los más importantes para el grupo a escala europea. Sin embargo, el contexto global tampoco ayuda: Capgemini a nivel mundial ha venido registrando presión sobre sus márgenes ante la competencia creciente y la transformación del modelo de negocio que impone la IA.
El ERE llega, además, en un momento de transición en el liderazgo local. En enero de este año, la compañía anunció el nombramiento de Laurent Perea como nuevo consejero delegado en España, en sustitución de Luis Abad, que había ocupado el cargo durante cinco años. Perea asumió el cargo el 1 de febrero de 2026. Un cambio de guardia que, en la práctica, sitúa al nuevo CEO en el epicentro de una de las decisiones más delicadas que puede afrontar cualquier directivo: gestionar una reducción de plantilla de estas dimensiones desde el primer día.
Desde el punto de vista laboral, el proceso se regirá por lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y la normativa española sobre ERE colectivos, que obliga a un período de consultas con los representantes de los trabajadores de al menos 30 días naturales en empresas de más de 50 empleados. Durante ese tiempo, empresa y sindicatos deben negociar las condiciones del proceso: número definitivo de afectados, criterios de selección, indemnizaciones y posibles medidas alternativas como recolocación interna o formación. El número de 748 es, por tanto, el techo propuesto por la empresa, no una cifra cerrada.
Los sindicatos, que acudieron a esta primera reunión con posiciones previsiblemente críticas, tendrán ahora varias semanas para analizar la documentación económica y organizativa que Capgemini está obligada a entregar, y para presentar alternativas o contraofensivas. La presión sobre las organizaciones sindicales es doble: deben defender el empleo de los trabajadores afectados, pero también son conscientes de que el argumento tecnológico que esgrime la empresa no es una excusa vacía, sino una tendencia estructural que afecta a todo el sector.
El caso de Capgemini pone sobre la mesa una pregunta que el mercado laboral español tendrá que responder en los próximos años: ¿cómo se gestiona la transición cuando la tecnología elimina empleos a mayor velocidad de la que los crea? Las consultoras, que hasta ahora eran vistas como creadoras netas de puestos de trabajo cualificados, empiezan a convertirse en espejo de esa contradicción. Las próximas semanas de negociación darán más pistas sobre el alcance real del ajuste y sobre qué tipo de perfiles serán los más afectados.