La Comisión Europea ha presentado una propuesta para eliminar los impuestos sobre pagos de dividendos, intereses y regalías entre empresas de un mismo grupo que operen en diferentes países de la Unión Europea. Esta iniciativa busca fomentar la creación y expansión de grandes multinacionales europeas eliminando una barrera fiscal que, aunque ya está exenta legalmente, sigue aplicándose en la práctica.

Desde hace más de dos décadas, la legislación europea exime estas transferencias internas de retenciones fiscales, sin embargo, los Estados miembros continúan aplicando estas retenciones de manera preventiva. Los complejos formularios y largos procesos para solicitar y obtener la devolución desincentivan a muchas compañías, especialmente a medianas empresas, a reclamar el dinero retenido. Esto ha provocado que la recaudación estatal aumente debido a estas retenciones indebidas en la práctica.

El modelo vigente genera un coste administrativo y económico que supera el beneficio para las empresas, que en ocasiones deben esperar hasta dos años para la devolución. Según fuentes comunitarias, estas trabas dificultan que las medianas compañías crezcan a nivel transnacional y, por tanto, limitan la competitividad europea frente a otras regiones.

Para corregir esta situación, la Comisión propone prohibir a los Estados la exigencia de autorizaciones previas para aplicar estas exenciones. En su lugar, las empresas podrán realizar una autoevaluación de los pagos, que luego será objeto de controles para prevenir fraudes. Así, se eliminan los procedimientos burocráticos extensos y se acortan los tiempos de devolución, condiciones expuestas por Wopke Hoekstra, comisario europeo de Fiscalidad, durante la presentación del paquete legislativo.

Además, la nueva regulación amplía la cobertura de la exención eliminando los requisitos de participación accionarial mínima, que en la actualidad oscila entre el 10% y el 25%, para que más tipos de pagos intragrupo se beneficien de este tratamiento fiscal. Este cambio facilitará las operaciones entre filiales con estructuras de propiedad más fragmentadas.

La aplicación de la norma se propone con un periodo de transición de ocho años tras su adopción para permitir a los Estados y las empresas ajustarse a los cambios. Esto implica que, si se aprueba en tiempos habituales, las ventajas fiscales comenzarán a sentirse alrededor de 2035. Se calcula que esta reforma podría traducirse en ahorros y beneficios anuales de unos 5.300 millones de euros para las compañías, principalmente por la reducción de costes administrativos y la exención real de impuestos.

Este planteamiento forma parte de un paquete más amplio de medidas fiscales que en conjunto podrían ahorrar a las empresas europeas más de 8.000 millones de euros anuales, según indicó Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad. El objetivo general es aumentar la competitividad de Europa sin debilitar los controles contra la evasión fiscal.

Deducción fiscal total para inversión en I+D

Como complemento, la Comisión Europea también propone un estándar común para permitir una deducción fiscal del 100% del coste en inversiones en activos tangibles dedicados a la investigación y desarrollo (I+D). Esto incluye plantas, maquinaria y equipos usados exclusivamente para actividades de I+D o que apoyen dichas instalaciones.

Aunque viviendas quedan excluidas, si un edificio contiene espacios residenciales que representen menos del 20% del total y el resto está dedicado a I+D, podrá calificarse para esta deducción. Esta iniciativa busca solventar la fragmentación fiscal actual que inhibe la inversión y la innovación en toda la UE, poniendo a Europa en mejor posición frente a mercados como el estadounidense.

Las empresas podrán optar por deducir el gasto íntegro en el mismo ejercicio fiscal o distribuirlo en hasta cuatro periodos posteriores según su conveniencia. Para prevenir abusos, la deducción dependerá del uso exclusivo y continuado del activo para I+D al menos durante tres años; en caso contrario, se perderá el beneficio.

Se estima que esta armonización puede impulsar el PIB europeo en aproximadamente un 0,2% anual y ahorrar a las compañías unos 265 millones de euros en costes administrativos. Así, Bruselas busca consolidar un entorno fiscal más simple y atractivo para la innovación y el crecimiento empresarial en Europa.

Estas propuestas reflejan la estrategia de la Comisión para mejorar el clima de inversión y la competitividad en el mercado único, al tiempo que mantiene fuertes salvaguardias fiscales para evitar elusión y fraude, según declaraciones oficiales de los comisarios responsables.

Pueden consultarse detalles de estas iniciativas en la comunicación oficial de la Comisión Europea sobre la reforma tributaria y estímulos a la I+D en su web oficial.