La Comisión Europea prepara un paquete de respuesta a la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo y su primera medida concreta ya tiene nombre: flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado. Así lo anunció este lunes Ursula von der Leyen tras una reunión específica del Colegio de Comisarios dedicada a analizar las consecuencias económicas del conflicto en el golfo Pérsico. La presidenta de la Comisión cuantificó el impacto directo para la UE en 22.000 millones de euros adicionales en factura de combustibles fósiles desde que comenzó el conflicto, hace 44 días.

El plan completo se presentará el 22 de abril, y al día siguiente Von der Leyen lo defenderá ante los líderes europeos en la cumbre informal que se celebrará en Chipre, país que preside el Consejo de la UE durante el primer semestre de 2026. La relajación de las reglas de ayudas de Estado —que incluye subvenciones, rebajas fiscales focalizadas y créditos en condiciones ventajosas— es la novedad más destacada de lo anunciado hasta ahora, ya que permite a los Gobiernos apoyar al sector privado sin tantas restricciones comunitarias.

Bruselas pone, sin embargo, dos condiciones claras a estas ayudas: deben ser específicas y temporales. Von der Leyen subrayó que las medidas han de dirigirse a colectivos concretos —familias con menos recursos y empresas de sectores más expuestos al alza de los combustibles— y aplicarse de forma inmediata, no meses después. Además, deben tener fecha de caducidad incorporada en la legislación para evitar que se prolonguen indefinidamente, algo que ocurrió con las ayudas aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

La Comisión recuerda expresamente esa experiencia como aviso. Entonces, varios Gobiernos europeos lanzaron paquetes de ayuda amplios y poco focalizados que dispararon el gasto público justo cuando se salía de la pandemia, agravando la situación de las cuentas públicas. Las reglas fiscales estuvieron suspendidas más tiempo del previsto. Ahora, a diferencia de aquel episodio, Bruselas descarta por el momento suspender de nuevo el Pacto de Estabilidad, lo que significa que los países deberán respetar los límites de déficit o arriesgarse a sanciones.

Otras medidas que Von der Leyen repasó en su comparecencia ya habían sido anunciadas previamente, como el incremento de derechos de emisión de carbono aprobado a principios de mes o la revisión del sistema de comercio de emisiones prevista para mediados de 2026. La Comisión también defiende rebajar los impuestos sobre la electricidad y las tasas de red como vía para incentivar el consumo eléctrico frente a los hidrocarburos.

En esa lógica encaja la postura crítica de Bruselas hacia las rebajas del IVA a los carburantes aplicadas por países como España o Polonia. Según la Comisión, estas medidas no se ajustan a la normativa comunitaria sobre este impuesto y, al tener carácter general, estimulan la demanda de combustibles en lugar de reducirla, añadiendo presión a unos mercados ya tensionados. La normativa europea sobre ayudas de Estado establece límites precisamente para evitar distorsiones de este tipo en el mercado interior.

El mensaje de fondo de la Comisión no ha cambiado desde que comenzó la crisis: la única salida estructural pasa por acelerar la transición energética. Von der Leyen volvió a defender la electrificación de la economía apoyada en renovables y energía nuclear producidas dentro de la UE como garantía de independencia y estabilidad de precios a largo plazo. La urgencia coyuntural de aliviar las facturas energéticas convive, así, con el objetivo estratégico de reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.