Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, ha reafirmado en el VII Foro Internacional de EXPANSIÓN la capacidad de respuesta de Red Eléctrica tras el apagón ocurrido en España en abril de 2025. En su intervención, Corredor rechazó el expediente sancionador que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió contra la compañía estatal, y apuntó que solo hay un expediente pendiente que la CNMC planea archivar por falta de evidencias claras.

Corredor explicó que Red Eléctrica no incumplió ninguna normativa y que el incidente solo pudo ocurrir porque no todos los agentes respetaron los parámetros técnicos del procedimiento de operación 7.4, vigente desde el año 2000. Según ella, si todos hubieran seguido estas reglas, el apagón no se habría producido.

Además, resaltó que, entre los más de 65 expedientes abiertos en relación con el apagón, solo uno afecta a Red Eléctrica y se encuentra en proceso de archivo. La presidenta defendió el trabajo complejo que ha realizado la CNMC, pero reprochó que no se hayan tenido en cuenta más de 50 informes presentados por la compañía, que según afirmó no establecen hechos concretos ni momentos específicos para atribuir responsabilidades.

El apagón de la Península Ibérica en 2025 llevó a los investigadores a analizar un cambio abrupto de un escenario de seguridad N-1, donde el sistema tolera la falla de un solo dispositivo, a un escenario real de N-9 el día del incidente. Corredor apuntó que las causas principales identificadas por un panel europeo de expertos fueron oscilaciones, desconexiones erróneas de autoconsumo y generación, además de una insuficiente absorción de reactiva que provocó falta de control de tensión.

En respuesta, Red Eléctrica promovió la actualización del marco normativo, ya que el procedimiento anterior impedía la incorporación dinámica de las renovables en el control de tensiones, demanda que la empresa venía alerta desde 2020. Hasta la fecha, 14 de las 15 recomendaciones del comité de expertos se han implementado, incluyendo medidas técnicas, normativas y físicas. Destacan el control en tiempo real de la velocidad de variación de la tensión, que antes no se consideraba para la seguridad del sistema junto con la frecuencia y la carga.

Mientras continúa la aplicación de estas mejoras estructurales, se mantiene la operación reforzada o “modo seguro” que ha supuesto un coste de 711 millones de euros hasta abril. Corredor precisó que esto representa alrededor del 2% del coste total del sistema eléctrico, lo que implica unos 4 céntimos extras para el consumidor doméstico pequeño. Señaló que estos ingresos no benefician a Red Eléctrica, sino a las generadoras que aportan la energía adicional para preservar la tensión y la seguridad del suministro.

Por último, la presidenta de Redeia presentó el Plan Estratégico que contempla una inversión histórica de 13.100 millones de euros para la red de transporte hasta 2031. Subrayó que este esfuerzo financiero se ha multiplicado por cuatro desde 2020 y está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con el objetivo de acompañar el crecimiento industrial y la integración creciente de energías renovables en España.

El compromiso de Redeia con la modernización y mejora de la infraestructura eléctrica es clave para garantizar la calidad del suministro en un contexto de transición energética y demandas crecientes, subrayó Corredor, marcando un rumbo claro hacia una red más segura, sostenible y eficiente.