La federación ATA y el partido Junts han unido fuerzas para presionar al Gobierno y lograr que la congelación de cuotas de autónomos aprobada para 2026 se extienda también a los trabajadores societarios y a los colaboradores familiares. Estos dos grupos, que representan aproximadamente un tercio del total de autónomos en España, han visto cómo sus bases mínimas de cotización subían desde enero sin que el Ejecutivo aplicara la misma medida de protección que al resto del colectivo.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, fue directo al criticar la gestión del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social: acusó al Ejecutivo de «faltar a la verdad» al publicar, a finales de marzo en el BOE, la orden de cotización para 2026 que congelaba las cuotas generales pero dejaba fuera a societarios y colaboradores. Amor confirmó que está en conversaciones con el PP y con Junts para impulsar una enmienda que corrija esta situación en cualquier ley que vaya a salir adelante en el Parlamento. El Gobierno, según distintas fuentes, podría incluir esa congelación en la normativa que prepara para aprobar el IVA franquiciado.

Desde Junts, la presión fue aún más explícita. La diputada Míriam Nogueras advirtió en su cuenta de X que los siete votos del partido están «con los autónomos, no con el Gobierno español», y condicionó su apoyo parlamentario en próximas votaciones a que el Ejecutivo rectifique. Su compañero Josep María Cruset recordó que Junts ya frenó subidas anteriores de cuotas y prometió que tampoco permitirá esta. La advertencia llega en un momento especialmente sensible para un Gobierno que depende de apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas legislativas.

La raíz del conflicto está en la ley de reforma del modelo de cotización de 2022, aprobada con un amplio consenso parlamentario. Esa norma establecía que, a partir de 2026, la base mínima de cotización de los societarios y colaboradores familiares no podría ser inferior a la del régimen general de trabajadores asalariados, que desde enero se sitúa en 1.420,40 euros mensuales, frente a los 1.000 euros que pagaban en 2023. La Seguridad Social y la ministra Elma Saiz han defendido que simplemente están cumpliendo lo que dice la ley, recordando además que esa norma fue pactada en su momento con los propios representantes del colectivo.

Sin embargo, en ATA argumentan que el mismo Gobierno que ahora invoca la ley para justificar la subida no ha cumplido otras obligaciones que esa misma norma recoge, como la mejora de la protección social de los autónomos. Desde UPTA, la otra gran asociación del sector liderada por Eduardo Abad, también se critica el trato diferenciado, aunque con un matiz: consideran que fue un error congelar las cuotas de la mayoría del colectivo sin acuerdo, porque eso puede reducir las futuras pensiones y prestaciones de estos trabajadores.

El debate llega en un momento complicado para los autónomos. Según el barómetro trimestral de ATA, siete de cada diez trabajadores por cuenta propia registraron en el primer trimestre de 2026 una facturación igual o inferior a la del mismo periodo del año anterior, mientras que el 81% afirma que sus gastos han aumentado. Como consecuencia, casi siete de cada diez ya han subido precios este año y un 64% prevé tener que volver a hacerlo en los próximos meses. Por primera vez en varias ediciones del barómetro, la inflación desplaza a los impuestos como principal preocupación del colectivo.