España alcanzó en marzo de 2026 un nuevo récord de trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social: 3,15 millones de personas, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra supera el máximo anterior, registrado en octubre con 3,1 millones, y llega en un momento especialmente significativo: es el último dato disponible antes de que arranque la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo, que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas según estimaciones de entidades especializadas en migraciones.
El avance mensual es llamativo. En un solo mes, la afiliación de trabajadores foráneos creció en 74.700 personas, un 2,4% más que en febrero. Según los registros del Ministerio, es el mayor incremento mensual para un mes de marzo desde que existe la serie histórica, que arranca en 2012. Para poner el dato en perspectiva: en marzo de 2025 el aumento fue de 46.800 afiliados, en 2024 de 62.600 y antes de la pandemia la cifra rondaba las 40.000 altas adicionales en ese mismo mes. La estacionalidad juega un papel claro: el arranque de la temporada turística suele impulsar la contratación en sectores con alta presencia de trabajadores migrantes como la hostelería, la construcción y la agricultura.
En términos anuales, la comparativa también resulta destacada. Respecto a marzo del año anterior, la Seguridad Social suma 230.400 afiliados extranjeros más, lo que supone un crecimiento del 7,9%. Este ritmo supera al de los tres ejercicios previos: en 2025 el incremento interanual fue de 187.100 personas, en 2024 de 208.200 y en 2023 de 227.100. La tendencia de aceleración es sostenida.
¿Qué nacionalidades tiran del empleo?
Por países de origen, la comunidad marroquí fue la que más afiliaciones sumó en el último mes, con 11.740 altas adicionales, seguida muy de cerca por los colombianos, con 11.367 más. También registraron aumentos relevantes los trabajadores rumanos (+6.789), venezolanos (+4.860), italianos (+4.612) y peruanos (+3.665). La llegada de la primavera y el impulso del sector turístico explican en parte estos movimientos, ya que muchos de estos trabajadores se concentran en empleos de temporada.
Con una mirada anual, que filtra mejor el ruido estacional, Colombia encabeza el ranking de crecimiento neto con 39.700 nuevos afiliados, seguida de Venezuela (+36.400), Marruecos (+32.300) y Perú (+16.600). En términos de volumen total, la comunidad marroquí sigue siendo la más numerosa con 387.600 afiliados, por delante de la rumana (343.003) y la colombiana (264.236). Estas tres comunidades concentran una parte sustancial del empleo migrante en España.
La reforma laboral y el peso del empleo migrante
El departamento dirigido por Elma Saiz ha aprovechado la publicación de estos datos para subrayar el papel estructural que juegan los trabajadores extranjeros en el mercado laboral español. Desde marzo de 2022, fecha de entrada en vigor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la afiliación extranjera ha sumado más de 852.000 ocupados. Según el ministerio, el 42,9% de todo el empleo generado desde entonces corresponde a trabajadores de otros países, que actualmente representan el 14,4% del total de cotizantes a la Seguridad Social.
Esas cifras reflejan una dependencia estructural del mercado laboral español respecto a la mano de obra migrante, especialmente en sectores con dificultades para cubrir puestos con trabajadores nacionales. La aportación de estos cotizantes también tiene implicaciones directas en la sostenibilidad del sistema de pensiones, un debate recurrente en los últimos años en España.
La regularización, en el horizonte
El dato de marzo llega justo antes de que comience a tramitarse la regularización extraordinaria que el Gobierno ha habilitado para personas en situación irregular con arraigo demostrable. Las estimaciones de organizaciones especializadas apuntan a que el proceso podría afectar a unas 500.000 personas. Sin embargo, el propio Ejecutivo ha advertido que el plazo de respuesta a cada solicitud se extenderá hasta tres meses, por lo que el impacto en las cifras de afiliación tardará en materializarse. No cabe esperar, por tanto, un salto brusco en los próximos registros mensuales, sino una incorporación gradual que podría apreciarse a lo largo del segundo semestre del año.
El proceso de regularización tiene precedentes en España: el más conocido es el de 2005, durante el gobierno de Zapatero, que regularizó a unas 700.000 personas. Aquel proceso también generó un aumento notable de afiliaciones en los meses posteriores, aunque las circunstancias económicas y el perfil de los beneficiarios eran distintos a los actuales. Lo que sí comparten ambos momentos es el debate político sobre los efectos de estas medidas en el mercado de trabajo y en el sistema de bienestar, un debate que previsiblemente se intensificará en las próximas semanas conforme avance la tramitación.