El absentismo laboral sigue presionando fuertemente a las empresas españolas en 2026. En el primer trimestre, el coste directo para las compañías alcanzó los 2.433 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 7% según el informe de Confemetal, organización vinculada a CEOE. A esto se suman las prestaciones por incapacidad temporal, que ascendieron a 2.883 millones, dejando un gasto total próximo a los 5.316 millones, un 6,9% más que en 2025.

Este aumento no solo obedece a un mayor número de bajas, sino a una notable prolongación en la duración de estas. La duración media de los procesos de incapacidad laboral se disparó un 22,5%, pasando de 39,7 días en 2025 a casi 49 días este año. Este fenómeno se explica por el incremento de bajas de larga duración: las que superan un año crecieron un 19%, llegando a casi 172.000 procesos.

Es importante destacar que, aunque el número de bajas iniciadas en marzo disminuyó un 14% respecto al año anterior, la incidencia media en lo que va de año se redujo un 16%, estas cifras positivas se ven contrarrestadas por el impacto económico de la mayor duración de los procesos.

Los datos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que protegen a alrededor del 80% de los trabajadores, reflejan esta tendencia preocupante. Las bajas que duran entre 366 y 545 días crecieron un 15%; las que se sitúan entre 546 y 730 días aumentaron un 20%; y las que superan los 730 días se dispararon un 65,8%, subrayando un problema estructural en el mercado laboral español.

La Seguridad Social también refleja este panorama con un aumento del 10% en el gasto en prestaciones por incapacidad temporal hasta marzo, proyectando un coste anual que podría superar los 20.000 millones de euros en 2026, respecto a los 18.505 millones de 2025. La cifra evidencia una presión creciente sobre las finanzas del sistema y el tejido productivo.

En respuesta a esta situación, el Gobierno ha abierto una mesa de diálogo social que incluye a empresarios, sindicatos y la Administración pública para buscar medidas que limiten el impacto económico del absentismo. Una propuesta que se baraja y que genera debate es la instauración de "altas progresivas", que permitirían a trabajadores con bajas largas compaginar de forma gradual el cobro del salario y la prestación por incapacidad.

Aunque esta iniciativa no convence completamente ni a los empresarios ni a los representantes sindicales, sigue siendo un eje central en la estrategia del Ministerio de Seguridad Social, especialmente tras el informe de la OCDE que la señala como un posible incentivo para reincorporarse al trabajo tras bajas prolongadas.

Por otro lado, las organizaciones empresariales plantean fortalecer el control y la gestión de las bajas. CEOE ha pedido que la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) actúe con anticipación, antes de que se cumplan 365 días de baja, para evitar fraudes y mejorar el seguimiento de los procesos de incapacidad.

El absentismo laboral no solo afecta las cuentas de las empresas, sino que impacta en la eficiencia operativa y la liquidez, un problema que según Confemetal debe abordarse con apoyo conjunto de todas las partes involucradas, considerándolo una cuestión de Estado que requiere acciones coordinadas para mejorar la gestión y reducir costes.

Este escenario evidencia la necesidad de equilibrar el derecho a la protección por enfermedad con una gestión más eficiente y controlada que evite la escalada de costes sin sacrificar la calidad de la atención al trabajador.

Para más detalles, se puede consultar el informe completo de Confemetal y los datos oficiales publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

También es recomendable revisar el análisis sobre absentismo y sostenibilidad económica en el reciente reporte de la OCDE, que está siendo clave en el diseño de las políticas públicas al respecto.