El proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España ha recibido un total de 1.174.978 solicitudes entre el 16 de abril y el 30 de junio, fecha en que finalizó el trámite. Esta cifra más que duplica los cálculos iniciales del Gobierno, que estimaba que alrededor de medio millón de personas podrían acogerse a esta medida.

Según el primer balance oficial comunicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más del 52% de las peticiones ha sido admitido a trámite, lo que significa que aproximadamente 608.000 personas ya disponen de un permiso provisional de trabajo y residencia en el país. Este volumen refleja un desbordamiento notable respecto a las expectativas gubernamentales.

En cuanto al origen de los solicitantes, el 67% proviene de América Central y América del Sur, encabezados por Colombia con el 26% del total. Le siguen Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%. Otros países destacados son Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%) y Argelia (3,4%). El resto se reparte entre países como Senegal, Pakistán y Argentina, entre otros.

En términos territoriales, las comunidades autónomas con mayor número de solicitudes son Cataluña, con más de 253.000; la Comunidad de Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000; y Andalucía, que supera las 161.000 solicitudes. Este patrón refleja la concentración de población inmigrante y oportunidades laborales en esas regiones.

Para acogerse a esta regularización, los solicitantes debían demostrar una permanencia continuada en España antes del 1 de enero de 2026, no contar con antecedentes penales en España ni en su país de origen, y, en caso de ser solicitantes de asilo político, renunciar a su petición de protección internacional si recibían la autorización de residencia concedida por el proceso extraordinario.

Este proceso ha sido calificado por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, como un "verdadero hito en la política migratoria española" y un éxito colectivo que refuerza la integración y el empleo.

Dudas en el Tribunal Supremo

Sin embargo, el cierre del trámite se ha visto empañado por las dudas expresadas por el Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de la norma con la legislación europea. En los próximos días, el Ministerio presentará alegaciones tras ser requerido por el Alto Tribunal, que atiende recursos presentados por los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana.

El Supremo cuestiona principalmente dos aspectos. Primero, la concesión de residencia temporal basada en arraigo a quienes solicitaron protección internacional antes del 1 de enero de 2026, incluso si su solicitud fue denegada y existen procedimientos activos de devolución. Los jueces argumentan que esto podría contravenir el reglamento europeo, que no reconoce el derecho de residencia provisional como equivalente a un permiso legítimo.

El segundo motivo de discrepancia se refiere a otorgar residencia temporal a inmigrantes en situación irregular anteriores a la fecha límite, lo que implica paralizar automáticamente sus expedientes de expulsión. El Tribunal advierte que esto podría contravenir la Directiva de Retorno europea de 2008, que exige una valoración individualizada para las órdenes de devolución, y no autoriza una concesión generalizada basada únicamente en la estancia irregular.

Este conflicto pone en tensión la aplicación nacional del proceso de regularización con el marco jurídico europeo y podría derivar en modificaciones o en la suspensión de ciertos aspectos del plan inicial.

En cualquier caso, este trámite extraordinario refleja tanto la complejidad migratoria que afronta España como el intento por integrar a miles de personas en situación irregular en el mercado laboral y social, un objetivo que se pretende mantener pese al reciente debate legal.

Para más detalles sobre el proceso y las últimas actualizaciones oficiales, puede consultarse la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los informes del Instituto Nacional de Estadística.

El desafío ahora reside en armonizar la normativa española con la europea para garantizar seguridad jurídica y protección adecuada a todos los implicados.