El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha expresado este jueves su rechazo a la decisión del Ministerio de Transportes de no implantar el ancho ferroviario internacional en el Corredor Atlántico, una medida que consideran fundamental para la competitividad y cohesión de la región. Barbón advirtió que defenderán ante las instituciones europeas la necesidad de avanzar en esta infraestructura, que para Asturias es clave para conectar con el resto de Europa y potenciar su desarrollo económico.
La controversia surge tras la publicación en EL COMERCIO del veto del Ministerio sobre la adopción del ancho internacional europeo en la red ferroviaria que conecta el puerto de Gijón con el corredor que atraviesa el norte peninsular. La decisión técnica oficial se justifica en cuestiones presupuestarias, planificación y prioridades de inversión, pero para las autoridades asturianas implica un retraso y marginación que repite viejos patrones de discriminación territorial.
El Principado sostiene que el abandono de este proyecto, que permitiría la circulación sin transbordos de trenes de carga y pasajeros desde Asturias hasta el centro y norte de Europa, perjudica sus expectativas y contradice los planes de la Unión Europea, que promueven la interoperabilidad y el fortalecimiento de corredores estratégicos mediante fondos NextGeneration y otros programas de cooperación transfronteriza.
Esta infraestructura es parte del Corredor Atlántico, uno de los ejes prioritarios identificados en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), diseñada para optimizar las conexiones terrestres y marítimas desde la península hasta mercados clave. Asturias, con un carácter periférico, considera que su exclusión del ancho estándar ahonda la brecha logística y dificulta atraer inversiones y mejorar la competitividad industrial.
Desde el Gobierno regional recuerdan que el puerto de El Musel es una infraestructura fundamental para el comercio exterior español y europeo, y que requiere modernización urgente para poder integrar trenes internacionales, facilitar el transporte ferroviario de mercancías y reducir la dependencia del transporte por carretera altamente contaminante. Además, sostienen que esta medida tiene un impacto negativo en la estrategia de transición ecológica y descarbonización que impulsa la UE.
La decisión del Ministerio, según el presidente Barbón, ignora además las demandas de los agentes sociales, empresariales y locales, que desde hace años subrayan la necesidad de esta actualización. El Principado afirma que elevarán la reclamación a la Comisión Europea y defenderán que Asturias sea incluida en el paquete de inversiones vinculadas a la interoperabilidad ferroviaria y a la apertura del corredor.
Por otro lado, otras comunidades autónomas con conexiones en el Corredor Atlántico han manifestado posiciones diversas. Algunos municipios y regiones defienden dar prioridad al eje norte-sur y la integración progresiva de anchos variables mientras que el Principado apuesta por la implantación directa del ancho internacional para evitar retrasos y duplicidades.
A nivel español, el debate sobre el ancho ferroviario ha sido histórico, con dos sistemas paralelos: el ancho ibérico tradicional y el ancho UIC europeo, con discrepancias que han impedido la completa integración y competitividad internacional del transporte ferroviario. El impulso europeo ha tendido a favorecer el ancho UIC para mercancías y pasajeros.
El Corredor Atlántico, además del puerto gijonés, conecta centros productivos y logísticos importantes en Galicia, País Vasco y Castilla y León. Asturias reclama que todas estas comunidades coordinen esfuerzos para reclamar financiación y proyectos conjuntos que mejoren la eficiencia y reduzcan la monopolización del transporte por carretera en esta zona.
En definitiva, esta decisión técnica se ha transformado en un símbolo político de la lucha de Asturias por evitar quedar rezagada en las grandes decisiones de infraestructura del Estado. El presidente Barbón insiste en que defenderán en Bruselas la implantación del ancho internacional y la inversión necesaria para impulsar la región y conectar con Europa de manera eficiente, sostenible y competitiva.
Para más detalles sobre la Red Transeuropea de Transporte y las políticas de movilidad sostenible, puede consultarse la documentación disponible en la Comisión Europea y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que continúan debatiendo sobre el futuro del sistema ferroviario español y europeo.
Este conflicto refleja además tensiones habituales entre las prioridades del gobierno central y las demandas territoriales, un asunto recurrente en la política española que afecta a la cohesión social y económica del país.