Perú celebra elecciones presidenciales con dos nombres que remiten directamente a los años noventa encabezando las encuestas: Ricardo Belmont, exalcalde de Lima y conocido presentador de televisión apodado 'El Hermanón', y Carlos Álvarez, cómico e imitador de políticos que ganó popularidad precisamente por retratar a los grandes nombres de aquella década. El regreso de estas figuras al primer plano político dice mucho sobre el estado de la democracia peruana y sobre la desconfianza ciudadana hacia la clase política convencional.
Belmont no es exactamente un recién llegado a la política. Fue alcalde de Lima entre 1990 y 1995, coincidiendo con la turbulenta etapa de Alberto Fujimori en la presidencia. Su perfil como comunicador le dio entonces una proyección pública enorme, y parece que esa imagen sigue siendo reconocible y, para muchos votantes, atractiva. Décadas después, su candidatura encarna una apuesta por figuras ajenas al sistema de partidos tradicionales, algo que en Perú tiene cada vez más peso electoral.
El caso de Carlos Álvarez es diferente pero igual de revelador. Su popularidad se construyó sobre la sátira política, imitando a presidentes, ministros y empresarios en programas de televisión que marcaron la cultura popular peruana. Que hoy aspire a la presidencia cierra, de algún modo, el círculo entre el espectáculo y el poder, una frontera que en el país andino siempre ha sido más difusa que en otras democracias de la región.
Esta situación no es del todo nueva en Perú. El país lleva años encadenando crisis institucionales que han dejado un rastro de presidentes destituidos, encarcelados o investigados. Desde la caída del fujimorismo en los 2000 hasta el impeachment a Pedro Castillo en 2022, pasando por la sucesión acelerada de mandatarios que apenas llegaron a calentar el sillón de Palacio de Gobierno, el electorado peruano ha tenido sobrados motivos para desconfiar de los políticos de carrera.
Esa desconfianza explica, en parte, el fenómeno Belmont y Álvarez. En contextos de baja institucionalidad y alta fragmentación política, los candidatos con reconocimiento mediático o popularidad construida fuera de los partidos tradicionales tienen una ventaja competitiva real. No es un fenómeno exclusivamente peruano: en toda América Latina, y también en Europa, los candidatos outsider han sabido capitalizar el hartazgo ciudadano con resultados electorales concretos.
El sistema político peruano está, además, extraordinariamente fragmentado. Según datos y análisis recogidos por organismos como la ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, las últimas elecciones generales en el país contaron con decenas de partidos y listas en competencia, lo que diluye el voto y hace que candidatos con alta visibilidad pública partan con ventaja aunque carezcan de estructura orgánica sólida. En ese escenario, el nombre importa tanto o más que el programa.
La sombra del fujimorismo también planea sobre este proceso. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y candidata en varias ocasiones anteriores, sigue siendo una referencia ineludible en la política peruana, aunque su capacidad para articular una mayoría ha ido menguando elección tras elección. La aparición de candidatos como Belmont y Álvarez podría fragmentar aún más el voto de centroderecha y populista, complicando cualquier proyección de segunda vuelta.
Lo que está en juego en estas elecciones va más allá del nombre del próximo inquilino de Palacio de Gobierno. Perú necesita con urgencia estabilidad institucional, un poder judicial que funcione y políticas económicas que reduzcan la informalidad y la desigualdad. Si el ganador llega al cargo con una base de apoyo frágil y sin mayoría parlamentaria, el país corre el riesgo de repetir el ciclo de bloqueo político y crisis de gobernabilidad que ha caracterizado la última década. Con independencia de quién gane, el verdadero reto empieza el día después de las elecciones.