El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a presionar a los países aliados para incrementar el apoyo a Ucrania. Según el exprimer ministro neerlandés, los 90.000 millones de euros ya comprometidos por los socios occidentales no alcanzan para garantizar la capacidad defensiva de Kiev frente a la ofensiva rusa, y reclama al menos 60.000 millones adicionales. La petición llega en un momento en que el respaldo de Washington al esfuerzo bélico ucraniano se vuelve cada vez más incierto bajo la administración de Donald Trump.
Rutte ha señalado que las prioridades inmediatas de ese gasto deben concentrarse en defensa antiaérea, drones y municiones de largo alcance. El secretario general también ha defendido la continuidad del programa PURL (Priorities Ukraine Requirements Lists), el mecanismo mediante el cual los países europeos cofinancian la adquisición de armamento de origen estadounidense para transferirlo a las fuerzas ucranianas. Según Rutte, este programa seguirá operativo al menos durante el presente año.
Además del volumen total de ayuda, Rutte ha criticado abiertamente el reparto desigual de la carga financiera entre los aliados. Algunos Estados miembros de la OTAN y socios de la Unión Europea contribuyen de forma muy desproporcionada en comparación con otros, y el secretario general ha calificado de urgente corregir ese desequilibrio. El bloqueo que hasta hace poco mantenía el Gobierno húngaro de Viktor Orbán sobre parte de esos fondos añadía otra capa de complejidad a la gestión de la ayuda acordada, aunque ese obstáculo ha sido en gran medida superado.
El contexto geopolítico ha cambiado de forma notable desde el inicio del conflicto. Con la Casa Blanca enviando señales de distanciamiento, la presión recae de manera creciente sobre los gobiernos europeos para asumir un papel protagonista en el sostenimiento de Ucrania. Líderes como el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz han reafirmado públicamente su compromiso con Kiev, pese a afrontar una popularidad menguante en sus propios países y calendarios electorales exigentes en los próximos meses.
El coste económico y demográfico que paga Europa
El debate sobre el gasto en defensa no ocurre en el vacío. Europa afronta de forma simultánea un proceso de desindustrialización progresiva y una presión estructural sobre sus finanzas públicas que limita el margen de maniobra de los gobiernos. A ese cuadro se suma una tendencia demográfica preocupante: según las últimas proyecciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, el bloque alcanzará su techo poblacional en apenas cuatro años, con una cifra estimada de 453,3 millones de habitantes, para iniciar después una caída sostenida que podría llegar al 12% a finales de siglo.
La tasa de fecundidad en la UE ha descendido hasta 1,3 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de 2,1 hijos necesario para mantener una población estable sin recurrir a la inmigración. Eso implica una base de cotizantes más estrecha, mayor presión sobre los sistemas de pensiones y una demanda creciente de servicios sanitarios y sociales. La combinación de esas tendencias plantea interrogantes de fondo sobre cómo los Estados miembros van a equilibrar sus compromisos militares con las necesidades internas.
La pregunta que los gobiernos eluden
En ese escenario, varios analistas y sectores de la opinión pública en distintos países europeos reclaman que los ciudadanos sean consultados sobre la escala del esfuerzo bélico que sus gobiernos están dispuestos a asumir. La discusión sobre si la defensa de Ucrania debe ser la primera prioridad presupuestaria frente a alternativas como la sanidad, la educación o las pensiones no ha tenido hasta ahora un cauce democrático claro más allá del debate parlamentario ordinario.
La posición de Rutte, respaldada por los principales gobiernos del continente, es que contener a Rusia es una prioridad de seguridad que trasciende el corto plazo. Sin embargo, la brecha entre esa posición oficial y las preocupaciones cotidianas de una parte significativa de la ciudadanía europea es un factor que los propios líderes reconocen en privado como políticamente delicado. Las elecciones que se avecinan en varios países del bloque serán, en buena medida, un termómetro de hasta dónde llega ese consenso.