La minería del carbón en Asturias atraviesa su momento más delicado en años. Un informe vinculado al denominado 'caso Cerredo' apunta que el Gobierno regional se habría extralimitado en sus competencias al conceder autorizaciones para mantener o retomar la extracción en cuatro minas: Cerredo, Mina Miura, Vega de Rengos y Pilotuerto. Según ese análisis, esa potestad correspondía al Estado, no al Principado.

El contexto arranca en 2018, cuando España acordó con la Unión Europea un Plan de Cierre para la minería del carbón subvencionada. Pese a ese compromiso, el Gobierno asturiano fue habilitando permisos para que varias explotaciones siguieran funcionando o volvieran a ponerse en marcha. Detrás de esas decisiones estaban altos funcionarios del servicio jurídico regional y, en el plano político, la entonces directora general Belarmina Díaz Aguado.

Amparadas en esas autorizaciones, las empresas implicadas realizaron inversiones, pusieron en marcha operaciones y trazaron planes de negocio con expectativas de rentabilidad a medio plazo. Lo que parecía una vía para prolongar la vida del sector en la región quedó en entredicho tras el accidente registrado en la mina de Cerredo, que actuó como detonante de todo este escrutinio jurídico y político.

El informe en cuestión, según la información disponible, sitúa el foco en si el Principado de Asturias tenía realmente la capacidad legal para emitir esos permisos o si, al hacerlo, invadió un terreno reservado a la Administración General del Estado. La respuesta a esa pregunta tiene consecuencias directas para la validez de las autorizaciones y, por tanto, para el futuro de las minas afectadas y de los trabajadores que dependen de ellas.

El caso pone sobre la mesa una tensión recurrente en la España de las autonomías: los límites entre las competencias regionales y las estatales en sectores estratégicos o sujetos a compromisos internacionales. En este caso, además, hay un acuerdo con Bruselas de por medio, lo que añade una dimensión comunitaria al debate. La Comisión Europea ha sido históricamente estricta en el seguimiento de los planes de cierre minero ligados a ayudas de Estado.